Corrupción | Panamá necesita una reforma real de la contratación pública, advierten expertos

Ciudad de Panamá, Panamá/Los escándalos de corrupción que han sacudido a Panamá no dan tregua, y la Ley de Contrataciones Públicas se mantiene bajo el fuego cruzado, siendo calificada como una "trampa legalizada". En respuesta a la pérdida de confianza, el diputado Augusto Palacios ha llevado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley radical: inhabilitar por 10 años a las empresas condenadas por corrupción y eliminar los "premios" de la colaboración eficaz.

En la mesa del programa Radar participaron el proponente, diputado Augusto Palacios; Temístocles Rosas, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), y Carlos Barsallo, abogado y miembro de la Fundación Libertad Ciudadana.

El diputado Palacios expuso los puntos clave del proyecto de ley, que busca modificar la Ley de Contrataciones Públicas, centrándose en el artículo 24 sobre la incapacidad legal para contratar con el Estado.

"Nosotros estamos haciendo la modificación de que no sean cinco años, que sean diez años de incapacidad para contratar con el Estado, del momento en que ya hay una sentencia víamente ejecutoriada. Adicionalmente, estamos haciendo modificaciones porque sabemos que hay acuerdos de pena, que hay este tipo de facultades que puede dar el Ministerio Público y el Órgano Judicial para que las partes lleguen a acuerdos dentro de un proceso penal, y estamos modificando que también hay una sanción para el respecto, porque actualmente lo que dice es que cuando se llega a un acuerdo de pena, estamos hablando de tres años, tres años de inhabilitación, pero si el acuerdo es eficaz, no hay ni siquiera una sanción de un solo día para contratar con el Estado panameño", indicó Palacios.

El diputado insistió en que el proyecto es integral y busca coherencia con la norma penal, proponiendo también aumentar las penas de prisión para servidores públicos involucrados en fraudes de 2-4 años a 4-8 años, para que las sentencias no puedan ser sustituidas automáticamente.

La corrupción, un "semillero de problemas"

Carlos Barsallo señaló que el tema de la contratación pública es un "semillero de problemas" y que las constantes reformas a la ley no han funcionado. Criticó duramente la figura de la colaboración eficaz cuando se aplica a empresas, permitiéndoles evadir la inhabilitación.

"Sucede en Panamá que el tema de la contratación pública es un semillero de problemas que se intenta solucionar cíclicamente. La Ley de Contrataciones Públicas tiene más de 14 reformas en 15 años; es constantemente reformada, pero no parece llegar al punto ideal", acotó.

Barsallo explicó que, a las empresas, la única sanción que realmente les duele es la inhabilitación para contratar con el Estado, no las multas. Sobre la colaboración eficaz, afirmó que se ha regalado un beneficio.

"El problema es que se ha regalado anticipadamente el beneficio y, a través de acuerdos de colaboración eficaz que yo puedo demostrar que no son tan eficaces, nada, se ha permitido que las empresas logren una especie de cartas que les da el Ministerio Público donde dicen: Yo llegué a un acuerdo; con la versión eficaz puedo seguir contratando..." [...] "El problema es que no se puede premiar a las empresas que han sido condenadas por corrupción permitiéndoles contratar con el Estado".

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En el mismo sentido, el diputado Palacios discrepó con que la colaboración eficaz elimine toda sanción.

"Me disculpan, pero es algo muy importante y es algo que nosotros plasmamos, pero yo no estoy de acuerdo con que, por muy eficaz que sea la colaboración, ni siquiera tenga una sanción de un día para [contratar con el Estado]", apeló el diputado.

Temístocles Rosas, desde el sector empresarial, respaldó las iniciativas anticorrupción, pero advirtió que endurecer demasiado la ley podría limitar la eficiencia del Estado, especialmente si las empresas honestas no se atreven a licitar debido a los procesos engorrosos y los pagos tardíos.

"Toda acción que vaya a prevenir o a tratar de mitigar los actos de corrupción es siempre bien vista. Yo creo que el sector privado lo ha expresado claramente: que tenemos que impulsar estas leyes y tenemos que hacer muchas otras cosas más para garantizar una transparencia y garantizar sobre todo una ejecución eficaz en el tema de las contrataciones públicas", sostuvo el expresidente del Conep.

No obstante, Rosas se cuestionó si el foco debe estar únicamente en el tiempo de inhabilitación.

"Yo lo que te diría, y aquí le hago una reflexión al diputado, que queremos buscar 2, 4, 6, 8; el número no creo que sea lo más importante; es prevenir el delito, pero también garantizar una compra eficiente. ¿Cuál es el papel de la Dirección General de Contrataciones Públicas para que un pliego amañado no continúe...", dijo el expresidente del Conep.

Rosas enfatizó que, si bien hay que castigar el delito, no se puede "limitar la eficiencia que necesitaría el Estado para una contratación porque, en lo contrario, hemos hecho un proceso tan bonito, pero la respuesta no llega como se quiere", puntualizó.

Barsallo y Rosas coincidieron en que la corrupción no espera la condena penal, sino que comienza mucho antes: en el diseño del pliego de cargos.

"El problema está fuera de la contratación pública, fuera de la ley, fuera del expediente. Se hizo antes entre el empresario corrupto y el funcionario que le permite que se diseñe el pliego y entonces yo me lo gano en muy buena ley... El problema es que si nos sentamos a esperar las condenas para inhabilitar a alguien, nunca van a llegar", sostuvo Barsallo.

Palacios concluyó que, con el apoyo del Ministerio Público, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la sociedad civil, espera que el proyecto, que actualmente se discute en una subcomisión, logre por fin el consenso necesario.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.