Caso Vale Digital: Abogado Carlos Barsallo revela falencias del sistema de contrataciones públicas en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo escándalo de corrupción en la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) ha vuelto a poner de manifiesto las fallas estructurales del sistema de contrataciones públicas y la falta de voluntad política para combatirlas. Así lo sostuvo el abogado y miembro de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional Carlos Barsallo, en el programa Radar.

Barsallo explicó que este caso no es una sorpresa, ya que su organización había advertido sobre irregularidades en las contrataciones de plataformas digitales desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Para el experto, el problema no reside en la falta de leyes, sino en la manera en que estas son manipuladas y en la ausencia de una fiscalización efectiva por parte de las entidades responsables.

El abogado señaló que la ley de contrataciones públicas en Panamá ha sido modificada al menos 15 veces en 15 años, lo que demuestra una inestabilidad legal y una constante búsqueda de resquicios. Según él, la última reforma, introducida durante la emergencia sanitaria, "regularizó la excepción de la norma", permitiendo que la contratación directa se convirtiera en una práctica habitual por encima de la competencia abierta. Esta práctica, según su análisis, debilitó los mecanismos de control y facilitó la corrupción al evitar la transparencia que se busca con las licitaciones públicas.

“La fiesta que vivimos en el 2020 fue una fiesta metafórica de abuso de los recursos públicos; hay un riesgo de que haya sido legalizada por una ley de Contrataciones Públicas que hizo regular lo irregular”, acotó.

Mira el programa Radar completo en el siguiente video.

Otro punto crítico que Barsallo destacó es la inacción de organismos como la Contraloría General de la República. A pesar de las advertencias previas sobre posibles irregularidades, las entidades de fiscalización no refrendaron ciertos actos, lo que permitió que la corrupción avanzara. El experto enfatizó que la falta de publicación de información sobre los beneficiarios finales de los contratos por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas agrava la situación, ya que "dificulta la prevención" de actos ilícitos.

“Venimos sugiriendo no solo que no sean empresas recién creadas porque no tienen trayectoria ni data, sino pedir que las empresas con las cuales se contrata tengan mejores elementos para valorarlas, buen gobierno corporativo, programa de cumplimiento, para que el Estado reduzca la posibilidad de que le cometan fraude en la contratación”, indicó Barsallo.

Puedes leer: Ana Matilde Gómez sobre caso de Vale Digital: 'Aprovecharse de la pandemia es imperdonable'

El abogado hizo hincapié en la importancia de proteger a los denunciantes, personas que a menudo arriesgan su bienestar personal y laboral para exponer la corrupción. Puso como ejemplo un caso en Ecuador, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por sancionar a un denunciante militar, ilustrando la vulnerabilidad que enfrentan quienes se atreven a hablar.

En este escándalo quedó evidenciado que una empresa que, sin tener un contrato con el gobierno, se benefició al cobrar un porcentaje por el uso de la plataforma del "vale digital". Este hecho, según el experto, es una clara evidencia de que los controles no están funcionando, pues la Contraloría no debería refrendar operaciones sin un contrato formal de por medio.

Te puede interesar: Caso Vale Digital: Oliva, Budy Attie y Becerra enfrentan medidas cautelares distintas a la detención

En su conclusión, Barsallo fue enfático: el problema de la corrupción en Panamá no es la falta de leyes, sino la voluntad política para implementarlas y usarlas. Advirtió que cuando un caso de corrupción llega al Ministerio Público, es una señal de que todas las etapas de prevención anteriores han "fallado". El abogado también alertó sobre las consecuencias cotidianas de la corrupción y el blanqueo de capitales, explicando que estos delitos impactan directamente la vida de los ciudadanos al inflar los precios de bienes raíces y generar una competencia desleal para los negocios legítimos.

Esta nota fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.