Apede: Opacidad en las contrataciones públicas amenaza la lucha anticorrupción
El país no puede continuar bajo un sistema que protege más el secreto de los contratistas que el derecho ciudadano a fiscalizar, señaló el gremio empresarial
La corrupción en Panamá vuelve a ocupar la agenda pública tras las recientes investigaciones judiciales que revelaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a programas sociales durante la pandemia. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) emitió un comunicado en el que advierte que la opacidad en las contrataciones públicas pone en grave riesgo la lucha anticorrupción y afecta directamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Según APEDE, el reciente escándalo de la plataforma tecnológica utilizada para distribuir subsidios como el Vale Digital y el PASE-U expuso cómo un sistema que debía beneficiar a los sectores más vulnerables terminó convertido en un negocio privado. La organización destacó que este caso solo salió a la luz gracias a denuncias internas, como la del exsubadministrador de la AIG, Luis Stoute, quien se atrevió a señalar las irregularidades.
La opacidad como caldo de cultivo de la corrupción
APEDE recordó que desde 2021 los ciudadanos no tienen derecho a conocer quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que reciben contratos millonarios del Estado, debido a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo bajo secreto esta información. Para el gremio empresarial, este “velo de opacidad” ha facilitado el tráfico de influencias, los negocios entre allegados y el uso indebido de fondos públicos.
La organización subrayó que este escenario se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional, donde Panamá obtuvo apenas 33 puntos sobre 100, un resultado que evidencia la falta de transparencia y que impacta en la atracción de inversiones, la generación de empleo y la competitividad del país.
La necesidad de reformas legales urgentes
APEDE señaló que mientras los casos de alto perfil siguen acumulándose en los tribunales, la ciudadanía exige resultados concretos. En ese sentido, valoró positivamente el proyecto de ley presentado en julio de 2025 por el Procurador General de la Nación, que propone medidas para reforzar la lucha contra la corrupción, como la ampliación de plazos de prescripción, el uso de interceptaciones, operaciones encubiertas y compras controladas.
Sin embargo, el gremio advirtió que estas iniciativas carecerán de impacto real si la Asamblea Nacional no las convierte en ley de forma inmediata. “La transparencia no es un accesorio, es una obligación”, remarcó la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, en el comunicado.
El llamado de APEDE
La asociación reiteró que los recursos públicos pertenecen a todos los panameños y que el país no puede continuar bajo un sistema que protege más el secreto de los contratistas que el derecho ciudadano a fiscalizar. “Es hora de elegir de qué lado de la historia quieren estar”, advirtió APEDE, al tiempo que insistió en que solo con instituciones fuertes y contrataciones públicas transparentes se podrá recuperar la credibilidad perdida y avanzar hacia un Panamá más competitivo y justo.
