Aprueban en tercer debate proyecto 641 sobre rentas pasivas y sustancia económica

La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el Estado panameño para fortalecer su marco regulatorio y cumplir compromisos adquiridos ante organismos internacionales en materia fiscal y financiera.

Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 641-C / Asamblea Nacional

Con 70 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 641-C, una iniciativa que establece requisitos de sustancia económica para empresas multinacionales que generen rentas pasivas de fuente extranjera.

La iniciativa incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.

Además de reforzar los mecanismos de supervisión y cumplimiento fiscal aplicables a sociedades que operan desde Panamá, en línea con estándares internacionales relacionados con transparencia y cooperación tributaria.

Entre los principales aspectos del proyecto se contempla que determinadas multinacionales deberán demostrar presencia y actividad económica real en el país cuando obtengan ingresos pasivos provenientes del extranjero, como dividendos, intereses, regalías u otros activos financieros.

Las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá, es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en el territorio nacional, estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de estas rentas pasivas del exterior.

Se excluye expresamente del régimen a la marina mercante. La normativa entrará en vigor en el período fiscal 2027 y establece un plazo de 90 días para su reglamentación por el Órgano Ejecutivo.

La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el Estado panameño para fortalecer su marco regulatorio y cumplir compromisos adquiridos ante organismos internacionales en materia fiscal y financiera.

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