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Ciudad de Panamá, Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes citar a la ministra del Ministerio Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles de Arango, para que responda un cuestionario relacionado con la exclusión de beneficiarios de los programas de ayuda social Ángel Guardián y 120 a los 65.
La decisión fue tomada debido a las recientes denuncias de ciudadanos panameños que han expresado su descontento por haber sido excluidos de dichos programas en los últimos meses, lo que ha generado un debate sobre la transparencia y equidad de estos beneficios.
El cuestionario, compuesto por nueve preguntas, tiene como objetivo esclarecer los motivos de estas exclusiones y examinar la gestión del MIDES en la asignación de los beneficios. Las interrogantes incluyen los criterios específicos utilizados para determinar la exclusión de los beneficiarios, así como cualquier cambio reciente en estos criterios.
Además, se solicita información sobre los procedimientos de notificación a los afectados, los tiempos de notificación para que los beneficiarios puedan presentar reconsideraciones y la cantidad de personas excluidas por provincia en los últimos seis meses.
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Uno de los puntos clave del cuestionario busca conocer si el MIDES ha realizado algún análisis sobre el impacto social y económico que estas exclusiones pueden tener en las familias y comunidades afectadas. También se cuestiona sobre la realización de auditorías o revisiones externas en la ejecución de los programas de ayuda social en el último año, así como los hallazgos de estas auditorías.
Otro aspecto relevante es la eficiencia y transparencia en la asignación de los beneficios. Los diputados piden saber si existen planes del MIDES para mejorar estos procesos y garantizar que los recursos lleguen de manera justa a quienes realmente lo necesitan.
El cuestionario también incluye preguntas sobre el número de personas que han solicitado participar en los programas Ángel Guardián y 120 a los 65, pero que aún no han recibido una respuesta. En este contexto, se destaca el papel de la tecnología y la digitalización en el movimiento y control de los beneficiarios, buscando evaluar si las herramientas digitales están facilitando o dificultando el acceso y seguimiento de los programas.
El tema de la exclusión de beneficiarios de programas sociales ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, quienes esperan respuestas claras y soluciones eficaces para garantizar que los programas de ayuda lleguen a quienes más lo necesitan.
¿Cuáles son los criterios específicos y actualizados que el MIDES está utilizando para determinar la exclusión de beneficiarios de los programas de ayuda social Ángel Guardián y 120 a los 65?
¿Se han modificado recientemente estos criterios? Si es así, ¿cuál ha sido la justificación y cuándo se implementaron estos cambios?
¿Qué procedimientos sigue el MIDES para notificar oficialmente a los beneficiarios sobre su exclusión de los programas Ángel Guardián y 120 a los 65?
¿Cuánto tiempo, antes de la exclusión recibe el beneficiario la notificación formal para que pueda presentar una reconsideración?
¿Cuántos beneficiarios han sido excluidos en los últimos seis meses por provincia y cuál es el porcentaje en relación con el total de inscritos en cada programa social, Ángel Guardián y 120 a los 65?
¿Existe algún análisis de impacto social y económico sobre el efecto que estas exclusiones pueden tener en las familias y comunidades afectadas?
¿El MIDES ha realizado auditorías, independientes o revisiones externas, sobre la ejecución de los programas de ayuda social en el último año? Si es así, ¿cuáles han sido los hallazgos principales?
¿Existen planes para mejorar la eficiencia y transparencia en la asignación de estos beneficios?
¿Cuántas personas han aplicado al programa y no se les ha dado respuestas?
¿Qué papel está jugando la tecnología y la digitalización en el movimiento y control de los beneficiarios de los programas Ángel Guardián y 120 a los 65?
Con información de Meredith Serracín.