Asamblea declara no viable propuesta ciudadana que buscaba castigar el transfuguismo

Panamá/La Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional declaró no viable la propuesta ciudadana que buscaba convertir el transfuguismo político en delito y falta electoral, con sanciones como la pérdida del cargo, multas e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

La decisión fue comunicada a sus proponentes Luis González, Niura Rodríguez y Abdiel González, integrantes de la agrupación Acción Grupal Unidos, el 30 de julio.

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“Luego de realizar el análisis correspondiente, le informamos que dicha propuesta ciudadana no es viable”, señala el documento.

La iniciativa, identificada como propuesta ciudadana No. 461, fue presentada el 22 de julio bajo el título “Que tipifica el transfuguismo como delito y falta electoral, establece sanciones multidisciplinarias y protege la voluntad popular”.

Al no recibir un concepto técnico-jurídico favorable, la propuesta no podrá ser remitida como anteproyecto a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, según el procedimiento establecido en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea.

No se pueden sancionar presunciones

Uno de los principales cuestionamientos se dirige contra el artículo que establecía una “presunción de transfuguismo”. El informe sostiene que una persona no puede ser sancionada con base en una presunción abstracta, sino mediante hechos comprobados.

“Se sancionan hechos probados”, advierte el concepto. Agrega que corresponde al Estado demostrar, mediante pruebas objetivas y más allá de toda duda razonable, que una persona cometió la conducta prohibida.

Cuestionan sanciones contra los partidos

La propuesta también contemplaba sancionar al partido político que afiliara, registrara o incorporara a su bancada legislativa o municipal a un funcionario considerado tránsfuga.

El análisis jurídico cuestiona esa disposición al señalar que los partidos políticos panameños son entidades de interés público y órganos funcionales de la nación, y no exactamente personas jurídicas.

“Como ente de interés público no puede ser sancionado”, sostiene el informe.

El concepto también indica que las disposiciones que la propuesta buscaba incorporar al Código Electoral fueron ubicadas en capítulos que no correspondían. Según el análisis, las sanciones debían incluirse en el apartado relacionado con delitos, contravenciones, faltas electorales y sanciones morales.

Rechazan duplicar la sanción en los códigos Penal y Electoral

Otro de los motivos para declarar no viable la propuesta fue que pretendía castigar una misma conducta mediante reformas al Código Electoral y al Código Penal.

El informe señala que las conductas de naturaleza electoral deben ser reguladas y sancionadas dentro de la jurisdicción electoral, debido a su carácter especial.

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“Toda conducta que se sancione en materia electoral debe ser parte de la normativa de la jurisdicción electoral”, establece el documento. Por esta razón, recomendó eliminar el artículo que buscaba incorporar el transfuguismo como delito en el Código Penal.

¿Qué proponía la iniciativa?

La propuesta planteaba sancionar a los funcionarios elegidos por votación popular que abandonaran el partido o la plataforma política con la cual alcanzaron el cargo.

Entre las medidas contempladas figuraban:

• Pérdida de la credencial y del cargo.
• Multa equivalente a 24 meses de salario.
• Devolución del financiamiento público electoral asignado a la campaña.
• Inhabilitación durante diez años para aspirar a puestos de elección popular.
• Sanciones contra los partidos que recibieran a funcionarios tránsfugas.
• Penas de prisión cuando el cambio político estuviera vinculado con beneficios indebidos.

La propuesta había sido presentada por Acción Grupal Unidos y, de obtener un concepto favorable, debía pasar a la Comisión de Gobierno.