Asamblea Nacional sigue sin alejarse de los parlamentos con menos transparencia de la región

Panamá/La opacidad sigue siendo un problema en la Asamblea Nacional. Esto quedó evidenciado hoy con la presentación de los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023, en el Auditorio del Tribunal Electoral.

De los 14 países que fueron medidos, Panamá registró un puntaje de 38.9 sobre 100, lo que lo mantiene en la décima posición como uno de los parlamentos más "opacos y cerrados"; es decir, en la quinta posición de los países con parlamentos más rezagados de la región.

Mientras que Chile, al igual que en 2020, es el país mejor puntuado con el 63,02%, siendo el único con un promedio por encima del 60%.

El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) 2023 tiene como objetivo sistematizar y analizar información sobre los poderes legislativos de la región y monitorear las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública, con ayuda de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL).

En general, el informe, que también evaluó los parlamentos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, registra un leve avance de los poderes legislativos de la región, "a pesar de que la mayoría presenta importantes deficiencias en la apertura de información y en la rendición de cuentas de sus legisladores y asesores".

Esta es la tercera ocasión en la que Panamá ha sido evaluado. En 2016 alcanzó un promedio de 44.33% sobre 100, resultando clasificado como el quinto parlamento más opaco de la región. En la medición de 2020, la Asamblea obtuvo un puntaje general de 35.2%, ubicándose por debajo de la media regional de 39.6%, y colocándose como el país con el cuarto parlamento más opaco de la región. Ahora, con la medición de 2023, bajó al quinto lugar con 38.9%.

Los problemas de la opacidad

A pesar de que la Asamblea obtuvo un puntaje de 55.2%, con respeto al eje de normativa. Se deja claro que no existe ninguna regulación de carácter legal que "obligue" a los diputados a proporcionar información sobre los gastos en los que incurren y las actividades que realizan en el desempeño del cargo.

Añade que los informes de gestión no indican a la ciudadanía en qué ha estado trabajando su diputado o diputada, no permiten identificar el uso del tiempo y de los recursos asignados a este e identificar su rendimiento en algunos aspectos importantes dentro de la actividad parlamentaria.

"Al carecer de estos datos, la ciudadanía panameña rara vez tiene conocimiento apropiado del trabajo de sus diputados y diputadas, y se le imposibilita dar seguimiento a las solicitudes hechas a este como representación de una fracción de la población ante el Congreso. Esto diluye la capacidad ciudadana de fiscalización que permitiría orientar al diputado o diputada a manifestarse a favor o en contra de ciertas políticas que interesan a la sociedad", se lee en el informe.

Dentro de este eje también está que la actual legislación sobre declaración patrimonial de la Asamblea Nacional está desfasada en exceso y carece de los requisitos mínimos para ser considerada un instrumento de transparencia. "En general, los diputados no están obligados a hacer declaración patrimonial al iniciar o finalizar sus respectivos períodos", se indica.

Lo que más golpea la transparencia

Otro aspecto negativo es el de presupuesto y gestión administrativa. La Asamblea fue el parlamento peor evaluado, con una calificación de 9.83%, lo que refleja un manejo inadecuado de los recursos y la administración de la institución.

En este eje se señala que la información de la ejecución presupuestaria de la Asamblea Nacional es sumamente pobre y no se compadece con la función de este organismo.

"La información compartida es exigua y en ningún caso permite determinar efectivamente cómo se utiliza el dinero. La Asamblea Nacional debería desarrollar entonces un reporte de ejecución presupuestaria de manera completa y comprensible, permitiendo identificar todos los renglones de gasto con su correspondiente desagregación presupuestaria de forma detallada".

El informe deja claro que la ejecución presupuestaria es un documento fundamental para una adecuada fiscalización ciudadana, ya que permite a la ciudadanía dar seguimiento del uso de los dineros públicos destinados a la Asamblea Nacional.

En ese sentido, Olga De Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, a quien le correspondió detallar los resultados del informe, manifestó que estamos entre el grupo rezagado de transparencia en el Legislativo. "El problema principal de la opacidad de la Asamblea está en su rol, en su reglamento interno, que tiene una gran cantidad de vacíos, precisamente para generar la opacidad", dijo.

Añadió que "falta mucho para alcanzar la transparencia en la Asamblea", sin embargo, reconoció que si se comparo el 2020 con 2023, hubo algunos logros del Legislativo, pero que son mínimos porque se mantiene en posiciones inferiores a la de otros países de la región.

La Asamblea duplicó su planilla estatal en los últimos ocho meses. En enero del año pasado la Asamblea tenía 2 mil 808 funcionarios, pero en diciembre cerró con 6 mil 81. Se incrementó en 116%