Cámara de Comercio condena privilegios en jubilaciones de magistrados

El gremio empresarial advirtió que la medida “viola el principio de igualdad ante la ley” y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas públicas.

Sede Cciap en la ciudad de Panama
Sede Cciap en la ciudad de Panama / Foto/Archivo

ciudad de panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó su rechazo al Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial el 8 de agosto de 2025, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) crea un fondo especial de compensación por retiro que garantiza a sus magistrados el 100% de su último salario y extiende beneficios similares a otras posiciones judiciales.

Nos encontramos en un momento de poner la casa en orden, en el que enfrentamos decisiones difíciles pero necesarias. Este tipo de acciones no refuerza esa necesidad: la debilita, presentando ante la ciudadanía autoridades que priorizan el bien particular por encima del bien común”, manifestó Juan Arias, presidente de la Cciap.

El gremio empresarial advirtió que la medida “viola el principio de igualdad ante la ley” y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas públicas.

Arias recalcó que la justicia sí necesita recursos, pero para fortalecer su funcionamiento y mejorar su eficiencia, imparcialidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía, no para otorgar privilegios a un grupo reducido de funcionarios.

Asimismo, alertó que la decisión se adopta en un contexto que demanda austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos. “Panamá no aguanta más endeudamiento ni gasto irresponsable. Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios, son recursos para atender las verdaderas necesidades del país”, dijo.

La Cciap instó a la Corte Suprema a revertir la medida y alinear sus acciones con el clamor ciudadano por un manejo responsable y equitativo de los recursos estatales, advirtiendo que este tipo de decisiones debilita la justicia y la aleja de su propósito de ser igual para todos.

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