CIAM reacciona al informe de ministros entregado al presidente Mulino sobre la mina de cobre en Donoso

Ciudad de Panamá/Tras los recientes informes de los ministros sobre el cierre ordenado de la mina de cobre en Donoso, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) salió al paso para cuestionar la viabilidad y las verdaderas intenciones de esta medida. Para la organización, no existe un plan claro y lo que realmente se busca es mantener la operación a cielo abierto.

Isaías Ramos, biólogo y miembro del CIAM, fue enfático al señalar que el gobierno utiliza la palabra "cierre" para operar, contradiciendo el fallo de la Corte.

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"El fallo estableció que, al cancelarse la concesión y ponerse en vigencia otro instrumento, se tendría que hacer una licitación pública y un nuevo estudio de impacto ambiental", explicó Ramos, recordando que cualquier paso debe valorar los derechos humanos y de las futuras generaciones.

'Auditoría incompleta' y costos millonarios

Según el experto, un verdadero plan exige primero una auditoría ambiental de fondo que determine el estado de la estructura, los riesgos y los costos reales por fases. Entre las medidas urgentes, Ramos mencionó el manejo de relaves y la seguridad química de los depósitos, alertando sobre el alto riesgo del azufre en contacto con el agua.

Además, destacó una fuerte dicotomía: mientras la fianza ambiental de la empresa rondaba los 100 millones de dólares para garantizar su manejo, ahora el gobierno admite que el cierre costará miles de millones. La auditoría aprobada por el Ministerio de Ambiente fue solo parcial y no visualizó el futuro minero del sitio.

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Lejos de lo que algunos funcionarios han insinuado sobre no necesitar personal, Ramos aclaró que un cierre ordenado requiere una cantidad creciente de especialistas para garantizar la seguridad del sitio y el desmantelamiento de las enormes maquinarias, proceso que a nivel internacional toma entre 50 y 70 años.

Para el CIAM, es un error que la misma empresa maneje su propio cierre, exigiendo la contratación de una firma internacional e independiente que ejecute el abandono del área con una visión externa al gobierno y a la compañía.

La organización ambientalista concluye que, bajo el supuesto de un cierre prolongado, el Estado panameño está permitiendo la continuidad de la minería, violando, según CIAM, la ley de moratoria minera y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.