Mulino sobre futuro de la Mina de Cobre: 'Este informe no es una decisión y no propone ninguna fecha de operación'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, al recibir el documento por parte de los ministros que conformaron la mesa interinstitucional, dejó claro que el informe no constituye una decisión sobre el futuro de la mina, sino un estudio y una recomendación para lo cual realizará los respectivos análisis junto a su gabinete y asesores.

También precisó que el documento no establece ninguna fecha para una eventual operación, porque ese no fue el mandato que recibió la comisión. “Este informe no es una decisión. Es un estudio y una recomendación. No propone ninguna fecha de operación porque no es lo que se le pidió”, afirmó el mandatario.

Mulino explicó que hace tres meses instruyó la conformación de la comisión que integraron los ministros de Comercio, de Economía y Finanzas y de Mi Ambiente, para recopilar información disponible, recurrir a expertos cuando fuera necesario y evaluar las alternativas existentes para el país. Entre los trabajos realizados estuvo una auditoría integral del sitio.

El presidente señaló que su decisión de solicitar un estudio amplio responde, entre otros factores, al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de concesión. Según Mulino, esa decisión judicial se acata íntegramente, pero no determina qué hacer con las instalaciones existentes en el sitio minero. “Ese fallo cerró un contrato. No resolvió qué hacer con el sitio. Y el sitio existe”, sostuvo.

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El mandatario también destacó las cifras que, según el informe de la comisión, reflejan el impacto económico y social generado tras la paralización de la actividad minera. De acuerdo con los datos citados por Mulino, 1,500 empresas panameñas perdieron su mercado, de las cuales tres de cada cuatro eran micro, pequeñas y medianas empresas. Esa cadena, agregó, adquiría alrededor de $1,000 millones anuales a empresas del país.

El informe también calcula la pérdida de más de 6,000 empleos directos y más de 30,000 indirectos, mientras que unas 144,000 personas habrían perdido su fuente de subsistencia de manera inmediata.

Mulino puso especial énfasis en las comunidades de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, al señalar que la región que aportó más de un tercio de los trabajadores también ha soportado impactos ambientales y continúa enfrentando consecuencias. “Este informe los pone primero y yo lo recibo así”, afirmó.

Estos son los seis criterios que Mulino considera no negociables

El presidente estableció seis criterios que, según dijo, deberán ser considerados ante cualquier decisión que adopte su administración sobre el sitio minero:

• Acatamiento íntegro de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
• Rectoría del Estado y titularidad de la nación sobre el yacimiento.
• Sin costo fiscal para los panameños.
• Transparencia verificable, no declarativa.
• Prioridad para quienes soportaron el cierre.
• Supervisión independiente con estándares internacionales.

“Esos seis no se negocian. Todo lo demás se estudia”, afirmó Mulino. El mandatario añadió que cualquier alternativa relacionada con el sitio deberá contemplar un cierre ordenado, financiado por el propio sitio y sujeto a verificación paso a paso, incluso si el proceso toma décadas.

También indicó que el informe no autoriza contrataciones ni compromete recursos del presupuesto general del Estado. Sobre este punto, enfatizó que se trata de una condición establecida por él. “Si hay un arreglo para este sitio, se financia solo o no hay ninguna solución o acuerdo”, manifestó.

Mulino indicó que el documento será público para que pueda ser revisado y discutido por ciudadanos, periodistas, universidades y organizaciones. El mandatario aseguró que analizará el informe junto con su gabinete y sus abogados antes de adoptar una decisión. “No voy a repetir el error de decidir en cuatro días sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas”, afirmó.

También señaló que, cuando exista una decisión, será él quien la comunique al país y que no se conocerá mediante filtraciones, versiones o comentarios informales. “Lo que decida sobre este sitio lo van a escuchar de mí”, sostuvo.

Por ahora, agregó, existe un estudio público y verificable, seis criterios que considera no negociables y un proceso de análisis que aún no ha concluido. Mulino cerró señalando que Panamá enfrenta un sitio minero de gran escala, dos contratos anulados sobre el mismo yacimiento y una discusión que se ha extendido durante casi tres años.