Comisión de Comercio de la Asamblea con proyectos para 2026: bioetanol y olvido oncológico

Ciudad de Panamá/Con el inicio del nuevo periodo legislativo en 2026, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino (MOCA), ha definido una agenda legislativa centrada en tres iniciativas con alto impacto económico, social y regulatorio.

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Bioetanol

El primer proyecto en agenda es la ley de bioetanol, cuya discusión se reanudará tras un foro informativo programado para el 15 de enero en el Salón "Titi" Alvarado de la Asamblea Nacional, con transmisión en vivo.

Cedeño explicó que el objetivo es proporcionar a diputados y ciudadanos un análisis integral de los beneficios, riesgos y posibles inconstitucionalidades de la norma, especialmente en lo relativo al uso obligatorio del bioetanol en todas las estaciones de gasolina, lo que podría vulnerar el derecho del consumidor a elegir. A partir de las conclusiones del foro, la comisión decidirá si el proyecto avanza a primer debate, se modifica o se rechaza.

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Olvido oncológico

El segundo tema prioritario es la llamada “ley de olvido oncológico”, una iniciativa presentada por el diputado Bloise que busca garantizar el acceso a seguros de salud para personas que han superado el cáncer.

Actualmente, muchas aseguradoras se niegan a cubrir a estos pacientes, lo que representa, según Cedeño, una violación a los derechos humanos ya reconocida en otras naciones. La comisión planea debatir ampliamente esta propuesta —ya sea en su reunión del próximo martes o en la siguiente— para evaluar su viabilidad jurídica y su alineación con los principios de equidad y protección social.

El tercer proyecto clave es la regulación del alquiler vacacional mediante plataformas como Airbnb en la ciudad de Panamá. Cedeño señaló que, a diferencia de otras jurisdicciones, Panamá carece de una normativa clara y uniforme que defina las condiciones legales, tributarias y de seguridad para este tipo de actividades.

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La comisión busca establecer un marco jurídico técnico y equilibrado que proteja tanto a los operadores como a los vecinos y al mercado inmobiliario formal, evitando zonas grises que generen conflictos urbanos o pérdida de recaudación fiscal.

Cedeño subrayó que, aunque estos temas tienen dimensiones distintas —ambiental, social y comercial—, comparten un objetivo común: fortalecer la seguridad jurídica y generar empleo digno. En ese sentido, insistió en que cualquier proyecto que prometa creación de empleos debe sustentarse en análisis rigurosos, no en cifras estimadas sin base técnica.