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Diputados de Vamos colocan la transparencia, la educación y la lucha anticorrupción como prioridades para 2026
La Asamblea Nacional continuará este nuevo periodo bajo la presidencia del diputado panameñista Jorge Herrera.
Diputada Prado habla de los proyectos pendientes por debate en la Asamblea Nacional
Ciudad de Panamá/En el marco del inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias que arranca este viernes 2 de enero en la Asamblea Nacional, la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, delineó los principales retos y prioridades que, a su juicio, debe enfrentar la Asamblea Nacional durante este 2026, un año marcado por pendientes legislativos y reformas estancadas.
Una de las propuestas impulsadas por la bancada independiente Vamos ha sido el proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, además de propuestas anticorrupción y proyectos "antibotella".
Entre los cambios urgentes, mencionó descuentos salariales a diputados ausentes, la votación electrónica, la publicación transparente de las actuaciones y la reducción de privilegios, aspectos que actualmente se discuten en una subcomisión, pero que aún no han llegado al pleno.
La diputada cuestionó que, pese a los compromisos asumidos en el periodo anterior por la expresidente de la Asamblea, Dana Castañeda, la reforma continúe sin primer debate.
Atribuyó la falta de avances a la existencia de un bloque que, según dijo, se resiste a modificar el funcionamiento interno del Órgano Legislativo.
Yo siento que lamentablemente importantes propuestas que se presentaron en el mismo han sido votadas en bloque por esa especie de bloque de gobierno, por así decirlo, que no quieren que las cosas cambien", reprochó.
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Además del reglamento interno, Prado indicó que la reforma a la ley de carrera administrativa debe ocupar un lugar central en la agenda legislativa. Explicó que la propuesta, impulsada junto a otros diputados independientes, busca fortalecer la meritocracia en el servicio público y devolverle valor al desempeño profesional dentro del Estado.
En materia de anticorrupción, la diputada subrayó que, aunque el Ejecutivo ha señalado en el pasado que no son necesarias reformas profundas, existen áreas críticas que requieren atención inmediata, como la ley de contrataciones públicas, identificada —incluso por el propio Ejecutivo— como un foco de irregularidades. A la espera de una iniciativa oficial, recordó que en la Comisión de Gobierno permanece pendiente de primer debate el proyecto de ley "antibotellas", cuyo avance aseguró que será solicitado formalmente.
Respecto a la modificación de la ley de contrataciones públicas, la diputada sostuvo que los cambios deben ir más allá de ajustes superficiales, ya que persisten prácticas que han permitido sobrecostos en obras, impugnaciones prolongadas y la participación de empresas condenadas por corrupción. En ese sentido, recordó que la bancada Vamos presentó un proyecto para impedir que empresas condenadas por corrupción vuelvan a contratar con el Estado, así como una propuesta para que los beneficiarios finales de las empresas contratistas sean de acceso público.
Prado explicó que esta última iniciativa busca cerrar espacios a la opacidad en grandes proyectos estatales y evitar el uso de sociedades para ocultar responsabilidades. “La transparencia no puede ser solamente una palabra o un eslogan político, debe demostrarse con hechos”, sostuvo, al referirse a cuestionamientos surgidos en torno a obras emblemáticas cuyos beneficiarios finales no han sido claramente identificados.
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En diciembre de 2025, el mandatario José Raúl Mulino se refirió a la ley de contrataciones públicas y aseguró que se presentaría una propuesta para modificarla tras identificar irregularidades.
Sobre la lucha contra el crimen organizado, Prado consideró necesario retomar las iniciativas presentadas previamente por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, que no prosperaron por falta de respaldo en comisión. Indicó que, de no ser nuevamente impulsadas por el Ministerio Público, la iniciativa podría venir desde los propios diputados. “Siempre estaríamos dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas que salvaguarden la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó.
En cuanto a la denuncia por la supuesta "descentralización 2.0", la diputada confirmó que solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) información detallada sobre la distribución de partidas transferidas a municipios, aunque hasta el momento no han recibido respuesta. Indicó que darán seguimiento al tema y recordó que la ley de descentralización se encuentra en revisión en una subcomisión, con el objetivo de introducir reformas que garanticen mayor equidad, transparencia y participación ciudadana.
"Estos municipios que recibieron estos fondos de manera extraordinaria simplemente deberían cumplir con esa rendición de cuentas, no a nosotros los diputados, sino principalmente a toda la ciudadanía, y que se pueda ver entonces en municipios cuestionados, pues si realmente se ha visto reflejado en obras en la comunidad", subrayó.
Al referirse a los temas país que marcarán el debate nacional en 2026, Prado destacó la necesidad de abordar con responsabilidad asuntos como el futuro de la mina de Donoso, el acceso al agua potable, la educación, el alto costo de los medicamentos, la energía eléctrica y la generación de empleo. De cara al informe presidencial, manifestó que espera mensajes claros y transparentes. “Creo que es el momento de tener claridad de cómo el Ejecutivo va a afrontar estos temas durante este nuevo año”, precisó.
Reforma curricular, infraestructura y carrera docente: las prioridades de la Comisión de Educación
Por otro lado, el diputado independiente Jorge Bloise, quien es presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, afirmó que el sistema educativo panameño enfrenta una crisis estructural que ya no admite soluciones temporales y urgió a avanzar hacia una reforma educativa profunda, que incluya cambios curriculares, mejoras en infraestructura y una transformación en la carrera docente.
“El sistema educativo no aguanta más curitas”, señaló.
Bloise sostuvo que, aunque aún no está claro si la educación será una prioridad dentro de la agenda nacional, para la comisión que preside sí lo es. Explicó que han sostenido reuniones con gremios docentes, sector privado, sector académico, estudiantes y padres de familia, con el objetivo de construir consensos para una reforma integral.
El diputado indicó que los recorridos realizados por distintas regiones del país han evidenciado deficiencias graves, tanto en el contenido académico como en las condiciones físicas de los centros educativos. Detalló que alrededor del 30 % de las escuelas no cuentan con agua, muchas carecen de conectividad y electricidad, y existen problemas de alimentación y transporte escolar, lo que ha contribuido a que unos 150 mil estudiantes permanezcan fuera de las aulas, tras décadas de abandono.
En ese contexto, Bloise explicó que uno de los ejes centrales será la revisión del currículo, tomando en cuenta que Panamá cuenta con 28 bachilleratos, varios de los cuales no responden a las demandas actuales del mercado laboral. Anunció la conformación de mesas multisectoriales para definir los cambios necesarios y avanzar, de una vez por todas, en una reforma educativa de fondo.
"No va a haber un desarrollo en Panamá como queremos, si no hay un cambio en la educación", insistió.
Sobre la relación con los gremios docentes, Bloise afirmó que la experiencia dentro de la comisión ha sido positiva y que sus aportes han fortalecido distintos proyectos legislativos. Subrayó la importancia de avanzar en una carrera docente basada en meritocracia, con evaluación, formación continua y perfiles claros de ingreso y egreso, señalando que actualmente no existe un sistema de escalafón que incentive el desempeño profesional.
En cuanto a la situación de alrededor de 600 educadores separados de sus cargos tras la última paralización por protestas contra las reformas a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, explicó que desde la comisión se impulsó un proceso de mediación, con la participación del presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional de la Empresa Privada, como testigos del acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y los gremios. Indicó que aún existen procesos legales en curso ante la Corte Suprema de Justicia, pero expresó su expectativa de que se logre reintegrar a quienes deseen aportar al sistema.
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