La Gran Mentira
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Ciudad de Panamá, Panamá/En entrevista con Noticias AM, el contralor Anel Flores anunció que en dos semanas un equipo de la Contraloría General de la República entrará a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de auditoría a la planilla 172, mejor conocida como la planilla "cashback".
Según detalló a este medio, se auditarán los dos periodos de Marcos Castillero, dos periodos de Crispiano Adames y el último periodo de Jaime Vargas, porque allí es donde se advierte que estuvo "cashback" o las conocidas "botellas", es decir, personas nombradas que no ejercían ninguna función dentro del gobierno, pero que cobraban cheques de entre 1,500 a 3,000 dólares.
Con documento en mano, Flores mostró un grupo de hojas de marcación manuales de unos 40 funcionarios de la Asamblea.
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Según Flores, la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, ve con positivismo estas auditorías porque su objetivo es transformar el Órgano Legislativo en uno más transparente. Castañeda eliminó esta planilla en agosto de 2024 y representó una reducción de 2 mil contratos de trabajo. Durante el periodo 2019-2024 [mandato del expresidente Laurentino Cortizo] la planilla 172 manejó más de 130 millones de dólares.
Flores reveló que en los documentos que ha podido observar hasta el momento existen personas reconocidas del ámbito político, con una característica en común: Todos miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD), del cual él [Flores] también forma parte.
Todos conocidos del ámbito político PRD, exministros, exdiputados, ex (...) y todas son planas de primer grado que obviamente las hacen en un día, las firman allí”, puntualizó.
Aseguró que esos cheques se retendrán hasta verificar que esos funcionarios están laborando. Sin embargo, Flores prevé que podrían encontrar evidencia de la comisión del delito de peculado. Advirtió que "este no es el gobierno de Cortizo" y dejó claro que, a partir de este momento, el que no trabaja no cobrará.
El que no trabaja, no le voy a pagar. No es una amenaza, es una realidad, porque en la empresa privada, el que no trabaja no se le paga. Ese no va a ser un punto de negociación”, subrayó.
Este era un esquema mediante el cual los diputados de la Asamblea Nacional supuestamente desviaban fondos públicos asignados para el pago de planillas y contratos de servicios profesionales. Se le llamó así porque, según las investigaciones, los beneficiarios de estos contratos estaban obligados a devolver una parte del dinero en efectivo a los diputados o sus intermediarios.