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Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) formalizaron la suspensión de la compra de vehículos nuevos por parte de las entidades del Estado, como parte de una medida destinada a contener el gasto público y promover un uso más eficiente de la flota vehicular estatal.
La disposición fue establecida mediante la Circular N.° 31-2026-DC-DNFG, firmada por el contralor general de la República, Anel Flores, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
La medida toma en cuenta que el impacto sobre las finanzas públicas no se limita al costo de adquisición de los vehículos, sino que también incluye los gastos asociados a su funcionamiento y mantenimiento, como combustible, repuestos, reparaciones y seguros.
La circular recuerda que desde marzo de 2026 el MEF había impulsado el uso compartido de vehículos entre las distintas instituciones públicas, con el objetivo de racionalizar los recursos destinados a la movilización oficial.
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Sin embargo, ante el aumento de solicitudes para adquirir nuevas unidades, las autoridades consideraron necesario reforzar los controles y establecer la suspensión de este tipo de compras.
De acuerdo con la nueva disposición, las instituciones estatales no podrán adquirir vehículos nuevos. No obstante, aquellas que enfrenten una necesidad prioritaria para garantizar el desarrollo de sus operaciones podrán gestionar el alquiler de vehículos.
Estos contratos podrán incluir los servicios de mantenimiento y seguros, pero su vigencia no podrá superar el período fiscal en curso.
La medida tampoco afecta los contratos de alquiler que ya se encuentran vigentes. Estos continuarán ejecutándose bajo las condiciones establecidas originalmente.
La suspensión había sido anticipada por el contralor Anel Flores durante su reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional, donde planteó la necesidad de hacer un alto en la adquisición de vehículos y evaluar primero las condiciones de la flota estatal.
El objetivo, según lo expuesto por Flores, es evitar gastos innecesarios y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera más eficiente.