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Panamá/El Gobierno analiza la conveniencia de comprar o mantener bajo un esquema de alquiler los vehículos que forman parte de la flota estatal, luego de los cuestionamientos y recomendaciones planteados por el contralor general de la República, Anel Flores, sobre el uso y administración de estos bienes.
El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, señaló que su institución seguirá las recomendaciones que emita la Contraloría General de la República y consideró que corresponde al contralor pronunciarse sobre este tipo de asuntos.
“Nosotros seguimos estrictamente sus sugerencias. Yo prefiero que él sea quien conteste ese tipo de preguntas. Nosotros cumplimos con todas las regulaciones que el contralor trata de defender, ya que es su trabajo, y por supuesto apoyamos sus iniciativas”, manifestó Martínez-Acha.
Por su parte, el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realiza una evaluación para determinar qué alternativa resulta más conveniente para el Estado: adquirir los vehículos o continuar con el modelo de alquiler.
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Icaza indicó que, de manera preliminar, el MEF se habría inclinado nuevamente por el alquiler, tomando en cuenta que el análisis de costos no debe limitarse al valor mensual del vehículo.
Según el ministro, una evaluación completa debe considerar factores como el financiamiento, mantenimiento, depreciación y otros gastos asociados a la adquisición y operación de los vehículos.
“Cuando uno hace una evaluación completa de lo que uno paga por esa mensualidad, no solamente se refiere única y exclusivamente a lo que es el costo del equipo”, explicó Icaza.
El funcionario agregó que existen auditorías en curso relacionadas con este tema, mientras el MEF analiza los costos y beneficios de ambas modalidades para determinar cuál representa una opción más favorable para las finanzas del Estado.
La discusión sobre la flota vehicular estatal se mantiene así bajo evaluación, a la espera de los resultados de los análisis y auditorías que permitan establecer si resulta más eficiente para el Estado comprar los vehículos o mantener los contratos de alquiler.
Con información de Yenny Caballero