Corte agiliza proceso de justicia civil; magistrado Arrocha alerta sobre recorte a inversión

Ciudad de Panamá, Panamá/La justicia civil está dando respuestas en menos tiempo, pero sostener esos avances requiere recursos. Así lo planteó el magistrado y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, al presentar un balance del primer año de implementación del nuevo sistema procesal civil y advertir sobre el impacto del recorte presupuestario a inversión.

Según Arrocha, procesos que antes demoraban alrededor de tres años en primera instancia ahora se resuelven en cuatro o cinco meses. Esa reducción, sostuvo, representa un ahorro de tiempo y dinero para quienes acuden a los tribunales y para la administración de justicia.

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“Los procesos que demoraban en primera instancia originalmente alrededor de 3 años están saliendo del sistema resueltos en 4, 5 meses y eso representa ese tiempo, ese ahorro de tiempo; también es un ahorro en dinero tanto para las partes como para el servicio público de administración de justicia”, manifestó.

No obstante, el magistrado advirtió que la continuidad de proyectos como este enfrenta limitaciones presupuestarias. El Órgano Judicial solicitó alrededor de $390 millones, pero recibió una asignación de $350 millones, una diferencia aproximada de $40 millones.

De acuerdo con Arrocha, lo solicitado representaba un aumento del 9% respecto al año anterior y la reducción se concentró en los recursos destinados a inversión.

“Todo el recorte fue en materia de inversión. Ese recorte pone en riesgo al país, la sostenibilidad y la continuidad de proyectos como este para el mejoramiento del usuario de la justicia”, advirtió.

Ahorros y proyectos en pausa

Arrocha explicó que la implementación del nuevo sistema ha sido posible gracias a ahorros dentro del presupuesto del Órgano Judicial y a la decisión de darle prioridad, lo que ha supuesto dejar en pausa otras iniciativas importantes para el servicio de justicia.

El magistrado defendió el manejo de los recursos institucionales y sostuvo que una justicia de calidad requiere inversión para garantizar respuestas a la población, seguridad jurídica e institucionalidad.

“Nuestro presupuesto representa menos del 1% de todo el presupuesto general del Estado”, afirmó.

En ese sentido, pidió valorar la contribución de la administración de justicia a la competitividad, la economía y el crecimiento del país.

Reducir la espera de los usuarios

Durante la rendición de cuentas, Arrocha reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, aunque aseguró que los tiempos de respuesta muestran resultados favorables.

Explicó que uno de los objetivos de la reforma es impedir que siga creciendo la mora judicial y reducir la espera de las personas que buscan resolver un conflicto ante los tribunales.

“Lo que se buscaba con la reforma y hasta ahora se está cumpliendo es justamente que no creciera la mora judicial, es decir, el tiempo de espera del usuario de la justicia para recibir una respuesta al conflicto que le llevó a la justicia a ser resuelto”, expresó.

Para Arrocha, la reducción en la duración de los procesos evidencia avances en la implementación. El reto, según planteó, es contar con los recursos necesarios para sostenerlos y continuar mejorando la atención a los usuarios.

Con información de Jorge Quirós.