Audiencia por el caso Odebrecht continuará este viernes a las 9:00 am

Ciudad de Panamá/Tras casi 8 horas de audiencia, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta este viernes a las 9:00 am, para continuar con la vista fiscal del caso Odebrecht, donde se han leído cerca de 651 páginas de las más de 800 que la componen.

Como se había adelantado, este jueves se inició la sustentación de la Fiscalía del por qué se vinculan a los 50 imputados para los que se pretende hacer llamamiento a juicio.

En horas de la noche el Órgano Judicial informó el Juzgado Primero de Liquidación de Causas Penales niega incidente de recusación presentado contra la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, en caso Odebrecht.

Esta sustentación está basada en testimonios de declaraciones juradas y de indagatorias en la que los cuestionados han podido presentar pruebas documentales para corroborar lo que dicen.

En medio de la audiencia los abogados defensores solicitaron que los cuadros que contienen la información de las cuentas bancarias, sociedades anónimas y transacciones fueran presentados y detallados, por lo que en la segunda parte de la audiencia se procedió a mostrarlo.

En este cuarto día se ha podido vincular a los exministros Jaime Ford, Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima, al exdiputado Jorge Alberto Rosas y al excandidato presidencial José Domingo Arias.

De igual manera se ha pedido sobreseimiento para otro grupo de personas por no poderse establecer vínculos con los hechos punibles.

Cuarto día de audiencia

Han pasado cuatro días desde que finalmente dio inicio la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, una investigación que inició en 2015 y que siete años después empiezan a conocerse los detalles de los testimonios de quienes lograron acuerdos de pena con el Ministerio Público, cómo se tejió el entramado de corrupción que involucra a varios exfuncionarios, personas jurídicas y naturales.

Hasta el momento, la fiscalía ha solicitado llamamiento a juicio a varios de los imputados, entre ellos en excandidato a la presidencia José Domingo Arias, y al exdiputado Jorge Alberto Rosas. En tanto se dicta sobreseimiento a las personas que colaboraron con la investigación y que ya han sido condenados en Brasil por la misma causa.

La audiencia reinició puntualmente a las 2:00 pm, solo con la presencia de la defensa pública, pues, los defensores particulares no estaban presentes.

Además, se conocieron los detalles de las investigaciones en países como Suiza, Brasil y Estados Unidos, que colaboraron con la justicia panameña.

Para este jueves, según lo indicó la fiscal Ruth Morcillo, se debe iniciar con el aspecto objetivo de la vista fiscal, donde la fiscalía debe establecer las vinculaciones de los imputados, para luego ir a los descargos y la evaluación de la vista fiscal por la jueza para conocer si existen o no elementos para el llamamiento a juicio.

Morcillo señaló que la vista fiscal sustenta el trabajo realizado e indica si un exservidor público está vinculado, por qué está vinculado, cómo se le comprueba el hecho punible y las pruebas que existen en el expediente para hacer valer la vista fiscal. 

Al inicio de esta cuarta sesión se hace referencia a la acreditación de la creación de sociedades anónimas, el uso del sistema bancario panameño para el lavado de activos, además, la empresa Norberto Odebrecht ha reconocido una cadena de delitos relacionados con actos de corrupción, lavado de dinero, evasión de impuestos, entre otros.

Se puede concluir que está debidamente probada la estructura delictiva usada por Odebrecht, a través del Departamento de Operaciones Estructurales desde Panamá, con el objetivo del pago ilícito proveniente del soborno internacional y pago de coimas. 

Aunque ya se había iniciado la vinculación de los imputados, la lectura fue interrumpida por el abogado defensor Carlos Carrillo, que pidió que se reconsiderara la decisión de no leer las páginas de la 413 a la 429 sobre la resolución de sobreseimiento, ya que, las mismas serán usadas por la defensa en sus alegatos.

De igual manera, la fiscal Morcillo coincidió con Carrillo en que se deben leer, pero pidió la omisión de las páginas 413, 414, y 415 que hacen relación al delito contra la administración pública que ya fue resuelto porque prescribió.  

Ante esto, la jueza Baloisa Marquínez pidió al lector del Órgano Judicial leer de forma corrida las páginas que habían sido omitidas en un principio. 

En estas páginas se develan los testimonios de personajes como Mónica Moura, Rodrigo Durán Tacla, Joao Santana, que hablan sobre las transferencias que se dieron para costear la campaña electoral de José Domingo Arias para el 2014, pagos que se habían dado por las obras de construcción realizadas por la empresa Odebrecht durante el periodo 2009-2014.

Por lo tanto, quedaron acreditadas las triangulaciones del dinero ilícito para ingresarlo al país con el fin de financiar la campaña electoral de Cambio Democrático y de Arias y mejorar la popularidad de la gestión de Ricardo Martinelli.

Según lo sostenido por Mónica Moura, para justificar el dinero de la donación dada por Odebrecht se firmaron contratos ficticios con sociedades fachadas, pero la finalidad era inyectarlo en la campaña del candidato José Domingo Arias, dejando claro que todas las negociaciones se hicieron con la participación de Ricardo Martinelli Berrocal y André Rabelo. 

Inicia vinculación de imputados

Los primeros vinculados fueron Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, ambos de nacionalidad peruana, por el delito de blanqueo de capitales, el primer indicio contra estos se tiene el reconocimiento de Mónica Moura de una sociedad de fachada que permitió la colocación de dinero ilícito a través de su cuenta Isagon, constituida en un banco panameño.

Queda acreditada la participación de Monteverde y Carmona que, sabiendo la procedencia ilícita de los fondos, no solo los recibieron, sino que transfirieron e integraron dichos fondos en el sistema financiero panameño. 

En tanto, se concluye que se debe hacer un auto de llamamiento a juicio sobre estas personas, además se giró la asistencia jurídica internacional para conocer sus descargos, pero hasta la fecha no se ha recibido la diligencia por parte de la Fiscalía en Perú.

El segundo en lista fue el excandidato presidencial José Domingo Arias, ya que, dentro de la investigación se obtuvo información proveniente de Estados Unidos, Principado de Andorra, y Brasil, que guarda relación con el financiamiento de campaña de Arias por parte de Odebrecht, utilizando diferentes estructuras hasta llegar a las cuentas manejadas por Joao Santana y Mónica Moura que prestaban servicios de publicidad al partido Cambio Democrático.

“En una reunión en Sao Pablo de 2015, le dieron una planilla con columna de fecha, importe, sociedad de origen del pago, sociedad de destino del pago y motivo. En esa planilla vio dos o tres anotaciones en el que el motivo era el Metro de Panamá y los pagos a Joao Santana y Mónica Moura, empresarios de Marketing Político, también aparece en la planilla la vinculación entre Joao Santana, su empresa en la campaña electoral de José Domingo Arias que no llegó a ganar las elecciones”, detalla Tacla Durán. 

La vista fiscal establece que la ley electoral prohíbe la triangulación de dinero para donaciones a los partidos, los fondos deben ser directamente del donante y sin intermediarios.

José Domingo Arias siendo candidato a la Presidencia de la República, fue beneficiado directamente de los dineros recibidos en la cuenta de Polis América S.A, manejada por Joao Santana y Mónica Moura que han establecido la procedencia ilícita y que el objetivo era cubrir gastos de la campaña de Arias.

Mientras que, Arias reconoció que el dinero que ingresó a la cuenta provenía de Odebrecht y que esta cuenta se abrió para recibir donaciones, pero que no se usó porque se percató que la ley no permitía la triangulación.

Sin embargo, las declaraciones de José Porta distan de esto, ya que, se establece que la transferencia no se dio porque se cubrieron los compromisos de la campaña con fondos nacionales, además que, no había justificación lícita de la transferencia del dinero.

La vista fiscal resalta que siendo Arias un funcionario del gobierno de Martinelli, no hay dudas de que conocía las leyes electorales.

Dicho esto, según la vista fiscal queda claro que el actuar de Arias y Porta de no recibir los fondos de la empresa Odebrecht era ocultar al donante, conocían la procedencia del dinero, que no era lícito, por lo que los hechos debidamente acreditados no dejan duda de la vinculación de José Domingo Arias y José Porta, a quienes el Ministerio Público solicitará llamamiento a juicio como presuntos infractores del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. 

Queda acreditado que la sociedad civil Rosas & Rosas mantuvo relación con la empresa Odebrecht desde que llegó al país.

Según lo declarado por los colaboradores brasileños, esta firma fue usada para proveer servicios de producción de dinero en efectivo por medio de una estructura financiera montada por el Departamento de Operaciones Estructurada de Odebrecht para el pago de funcionarios de bajo rango. Estos colaboradores entregaron pruebas de órdenes de pago que dan cuenta de la transferencia de dineros ilícitos.

Se establece que el exdiputado Jorge Alberto Rosas era quien asistía a las reuniones con la empresa Odebrecht y mantiene intercambio de información, se detalla y sustenta con factura los servicios prestados por la firma desde el 2009-2016, pero no justifica los servicios prestados sobre la ejecución de fondos para planillas especiales, ni facilitación del dinero en efectivo, o sea, que no existe justificación de por qué hacía estos servicios.

En las pruebas documentales, información bancaria y testimonio dentro de la investigación, está probado que Juan Carlos Rosas, Rosa Marín Mulino, y Jorge Alberto Rosas se valieron de sus cargos dentro de la firma para ayudar a asegurar su provecho a sabiendas de la procedencia ilícita, de esta forma permiten integrar y estratificar el dinero ilícito en el país.

Además, establece que siendo las personas mencionadas profesionales en leyes que prestan servicio no solo a nacionales e internaciones y que realizan capacitaciones en prevención de blanqueo de capitales, no pueden desconocer las señales que en esta materia existen, debiendo proveer que el dinero tenía origen ilícito.

Dicho esto, el Ministerio Público establece la vinculación de Jorge Alberto Rosas, Rosa Marín Mulino y Juan Carlos Rosas, y hace llamamiento a juicio por el delito contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales.

También se logró la vinculación del ecuatoriano Freddy Omar Barco Vera, por los diferentes elementos de prueba que permiten su vinculación en el pago de sobornos internacional, por lo que la Fiscalía recomienda hacer el llamamiento a juicio.

Conozca el mecanismo de supuestos sobrecosto en varias obras realizadas por la empresa Odebrecht en el siguiente video:

Los abogados defensores irrumpieron en la lectura para solicitar que se lea a detalle la vista fiscal, sin omitir nada, ya que, esto podría resultar importante para las partes. Además, solicitaron que se expongan los cuadros que detallan las transacciones bancarias, las cuentas, las sociedades anónimas y los productos bancarios.

En tanto que hubo una discordancia entre los abogados defensores y la Jueza por la omisión de la lectura de una parte de la vista fiscal, dado que la persona que tiene orden de suspensión de acto de parte de la Corte Suprema de Justicia. Marquínez solicitó silencio a los abogados para que se pudiera continuar con la debida lectura de la vista fiscal. 

Tras culminar el receso de mediodía se continuó con la vinculación de los imputados, esta vez la fiscalía procedió a leer las razones por las que se vincula a Demetrio Papadimitriu por el delito contra el orden económico, blanqueo de capitales, señalado por conductas para cubrir las transferencias de dinero de Odebrecht y su capacidad de generar pagos a funcionarios públicos.

En Brasil, Estados Unidos, Andorra, Suiza, y España han comprobado el delito de soborno transnacional, donde Panamá forma parte de los países que forman parte de la estructura de pagos que involucra a funcionarios, señalando a Papadimitriu que recibió pagos de Aeon Group, Constructor Internacional del Sur y otras.

Para el Ministerio Público existen evidencias para vincular y solicitar el llamamiento a juicio a Demetrio Papadimitriu. 

El exministro de Obras Públicas, Jaime Ford Castro, el primer indicio de su vinculación es un informe del departamento delito de administración pública. En este informe se detalla que en 2011 cuando estaba en marcha el proyecto Curundú, Ford presentó a Odebrecht a Jorge Espino recomendNdolo como proveedor de insumos y servicios para obras que nunca se contrataron. 

Espino pidio la suma de 8 millones de dólares para ser evaluado por la empresa para el desarrollo de varios proyectos, suma a la que accedió la empresa.

De igual manera se recomendó el auto de llamamiento a juicio del exministro Ford.

Durante la investigación y por testimonio de implicados que lograron acuerdos de pena con la Fiscalía, se estableció la vinculación del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública (delito que ya ha prescrito) y el delito por el orden económico en su modalidad de lavado de activo.

Según las pesquisas De Lima era el destinatario final de una cuenta en el banco de Andorra, así como los dineros de una inversión que posteriormente fueron cambiados en cheques y pagados al exministro como retribución por aparentemente asignar partidas para una serie de contratos a favor de Odebrecht.

En tanto que la Fiscalía recomendó el auto llamamiento a juicio de Frank De Lima.

Resumen del tercer día de audiencia

En el tercer día de audiencia se completaron 410 páginas de las 800 que contiene la vista fiscal. Los funcionarios del Órgano Judicial, leyeron algunos testimonios de exfuncionarios como Carlos Ho, que explicó cómo se dio el sobrecosto en algunas obras y otras personas que fueron llamadas a indagatoria, quienes también dieron fe de algunos actos aparentemente ilícitos.

Además, se conoció de una llamada anónima donde se denunció al exdirector del Programa de Ayuda Nacional, por el uso de 700 millones de dólares, que fueron solicitados para la compra de bolsas de comida y granos, que, además de tener sobrecosto nunca fueron entregadas.

También se leyó la indagatoria de Jaime Lasso y Ramón Carretero sobre las donaciones que realizaba la empresa Odebrecht a los partidos políticos, sobre todo al partido Cambio Democrático y el Panameñista en las elecciones del 2009.