Alegan que decreto sobre uso de suelos permitiría la adjudicación de ríos y playas

Los representantes del Centro de Incidencias Ambientales (CIAM) también rechazan el Decreto Ejecutivo 141 que acredita el uso de suelos en áreas protegidas para reconocer el derecho de poseedores que estaban en el área antes de que fuera dispuesta para estos fines.

La abogada Mariela Gabriela Dutary del CIAM, manifestó que estos certificados de uso de suelos no son títulos de propiedad, ni derechos posesorios, sin embargo, se inscribe en el registro público y de acuerdo con lo publicado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), tienen valor jurídico y comercial por lo que pueden ser vendidos o cedidos.

Explicó que este decreto es grave porque permite que particulares se apropien de áreas protegidas, estas zonas son de uso de dominio público, o sea que son propiedad del Estado que cumplen un servicio público asociado a la biodiversidad y recursos naturales.

Además, estos bienes como playas y ríos que no se pueden vender permitirían que particulares se adueñen de estas áreas. No obstante, el decreto establece que quienes se apoderen de estas áreas deberán cumplir con las normas establecidas, pero hay áreas que no están bajo ninguna regla y tampoco se tiene un censo de las personas que ocupaban estas tierras antes de ser determinadas como áreas protegidas.

Para Dutary, no hay respaldo técnico ni legal desde el punto de vista socio ambiental que justifique este decreto sin tener un informe sobre la ocupación de estas tierras, y es preocupante que en América Latina hay un fenómeno de acaparamiento de tierras.

“Este proceso, esta seguridad jurídica es anómalo, porque de salida se plantea que se puede vender, entonces realmente no plantea la tierra como algo que ayudará a mejorar la calidad de vida de la gente, sino que es como una mercancía, por eso consideramos que es cuestionable el decreto y como se ha planteado desde el inicio”, argumentó.

Resaltó que la tónica del gobierno panameño en las cumbres ha sido hacer promesas de la boca para afuera, diciendo que Panamá es un país que no genera emisiones, que está preocupado por el cambio climático, sin embargo, tienen un plan para hacer de Panamá un hub del comercio de hidrocarburos y se plantean actividades como la minería que acaban con los sumideros de carbono que son los bosques.

“El gobierno va a las cumbres con una postura, sin embargo, ¿Cómo las implementa acá, esa coherencia no existe? La palabra es hipocresía”, expresó.

Sobre las negociaciones del gobierno con Minera Panamá, la CIAM se opone rotundamente a ellas, considerando que lo acordado en la mesa negociadora no son nuevos, debido a que cumplir con la legislación ambiental y laboral debe ser así para todas las empresas, pero al parecer para esta empresa es algo excepcional.