Defensoría aclara que su posición sobre reformas penales es 'técnica, institucional y basada en estándares de derechos humanos'

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo aclaró que su posición respecto al proyecto de ley 374 que se discute en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, relacionado con los recursos en materia penal (casación y revisión), "es de carácter estrictamente técnico, institucional y sin apego político ni partidista, y se formula exclusivamente a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos".

La Defensoría indica que su análisis no se realiza en función de personas ni de casos concretos, ni tiene como propósito favorecer o perjudicar a individuo alguno.

La entidad indica que su valoración "se efectúa en términos sistémicos y abstractos, orientada a determinar si la legislación procesal penal garantiza adecuadamente los derechos y las garantías judiciales reconocidas por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el derecho a recurrir el fallo condenatorio y el acceso a recursos efectivos".

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En ese marco, la Defensoría agrega que alrededor de once sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido de manera consistente este criterio; por ello, la posición institucional se centra en que el diseño y funcionamiento de los mecanismos recursivos del derecho interno sean plenamente consonantes con los estándares interamericanos.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo subrayó que no actúa como abogado defensor, no se pronuncia sobre culpabilidad o inocencia, ni sustituye el rol de los tribunales de justicia. Su función constitucional y legal consiste en velar porque el Estado asegure, a través de sus normas y prácticas, las garantías mínimas del debido proceso, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.