Defensoría del Pueblo emite llamado urgente ante estado de urgencia en Bocas del Toro

La Defensoría del Pueblo de Panamá emitió este jueves un llamado público en el que reiteró su compromiso de velar por los derechos humanos y el respeto al marco legal, tras la declaratoria de estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro por parte del Órgano Ejecutivo.

En el comunicado, la institución expresó su preocupación por la escalada de violencia y suspensión de garantías en la región, donde se han registrado hechos de alto impacto que atentan contra la seguridad colectiva y la paz social.

Entre los actos denunciados, la Defensoría enumeró:

• Ataques a la pista del aeropuerto de Changuinola.
• Saqueos e incendios de almacenes y comercios, incluyendo instalaciones vinculadas a la empresa Chiquita Brands.
• Vandalismo contra instituciones públicas, centros educativos y servicios esenciales.
• Agresiones a civiles, trabajadores y medios de comunicación.
• Obstrucción de carreteras e infraestructura crítica, incluyendo sistemas de agua potable y distribución eléctrica.

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La entidad recordó que, aunque exista una suspensión de garantías constitucionales, esto no implica la anulación de los derechos humanos ni de las funciones de los órganos de control. En ese sentido, invocó el artículo 12 de la Ley 7 de 1997, que le otorga plena facultad para seguir ejerciendo su rol durante el estado de urgencia.

Asimismo, hizo un llamado urgente a los actores involucrados, exhortando a:

• Los responsables de los actos violentos deben cesar de inmediato los ataques contra la población y los bienes públicos y privados.
• El Estado panameño debe brindar información clara sobre las medidas adoptadas y rendir cuentas de sus actuaciones en el marco de la legalidad.

“La Defensoría del Pueblo de Panamá, conforme a su mandato constitucional y a los estándares internacionales del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas, se mantiene dando monitoreo constante, prestos a la recepción de denuncias y a la articulación con organismos internacionales de derechos humanos y las instituciones estatales” reiteró la Defensoría en el comunicado.

Subrayó además que el uso de la fuerza debe ser legal, necesario y proporcional, conforme a los estándares del derecho internacional.