Detectan nuevas irregularidades en manejo de fondos en juntas comunales del interior del país
La Autoridad Nacional de Descentralización también realiza auditorías, y una vez se detectan irregularidades, se remite el informe al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República entregó este miércoles al Ministerio Público 12 nuevos informes de auditoría que revelan irregularidades por un monto estimado en 4.5 millones de dólares en juntas comunales del interior del país.
La acción forma parte del plan nacional de fiscalización a las juntas comunales, el cual es elaborado por la Dirección Nacional de Auditoría General.
Según el informe emitido por Contraloría, con esta nueva entrega, la cifra de juntas comunales auditadas asciende a 25 en la fase actual del plan, que ya acumula más de 13 millones de dólares en hallazgos económicos por el periodo 2019–2024.
En total, son 72 juntas comunales en todo el país a las que se realiza una auditoría integral en cumplimiento del mandato constitucional de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Anel Flores, contralor de la República, aseguró que estas auditorías se ejecutan con objetividad, rigor técnico y sin excepciones, reafirmando así el compromiso institucional con la transparencia y rendición de cuentas.
Se espera que en las próximas semanas se remitan otros informes al Ministerio Público, quien será la autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes e iniciará con las acciones legales que correspondan.
La semana pasada, la Contraloría había informado que la cifra acumulada de afectaciones económicas detectadas rondaba los 14 millones de dólares; sin embargo, las proyecciones preliminares indican que el monto total podría llegar hasta los 43 millones de dólares a medida que avance el proceso.
Se estima que, entre 2021 y 2024, se transfirieron unos $320 millones a través de esta estructura paralela, con la supuesta intención de financiar proyectos de infraestructura, salud y educación.
La Autoridad Nacional de Descentralización se mantiene realizando auditorías y, debido a una serie de irregularidades detectadas, ha presentado más de 280 denuncias ante el Ministerio Público por el escándalo de la descentralización paralela.
Primeras aprehensiones
Este miércoles 23 de julio, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a ocho personas, entre ellas cuatro exrepresentantes y sus respectivos tesoreros, como parte de las investigaciones por el presunto uso indebido de fondos públicos del Programa de Interés Social (PDIS), en el marco del controvertido esquema de descentralización paralela.
De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias responden a denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), sustentadas en auditorías que revelan presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a obras comunitarias durante el periodo 2019-2024. La operación "Comunidad", desarrollada por la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público, representa el primer golpe penal en el caso de la descentralización paralela.