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Ciudad de Panamá, Panamá/El anuncio de una posible reforma a la Ley de Contrataciones Públicas ha generado múltiples reacciones con posturas encontradas sobre el rumbo que deben tomar los cambios al sistema de compras del Estado.
Una de ellas fue la del diputado Ernesto Cedeño, quien expresó su preocupación ante las modificaciones que el Ejecutivo podría presentar próximamente, al advertir que algunas recomendaciones técnicas podrían significar un retroceso. Según el diputado, las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, abren un debate necesario, pero deben analizarse con cautela para no desmontar avances logrados en años recientes.
Cedeño recordó que el sistema de contrataciones públicas en Panamá ha evolucionado con el tiempo, desde el Decreto 33 de 1985, la Ley 56 de 1995, hasta la Ley 6 de 2002 y sus posteriores reformas, las cuales, a su juicio, representaron mejoras frente a los modelos anteriores.
No obstante, advirtió que eliminar la figura de la licitación por mejor valor sería un error técnico, dado que esta modalidad surgió para corregir fallas detectadas cuando las adjudicaciones se basaban únicamente en el precio más bajo.
"Pero lamentablemente algunos asesores le han dicho, es lo que logré entender, al señor presidente que debiera exterminar la legislación por mejor valor para darle paso únicamente a la adjudicación por mejor precio. Eso es un error desde el punto de vista técnico, a mi juicio", dijo.
El diputado explicó que en el pasado, empresas de reciente creación ofrecían montos considerablemente bajos, pero carecían de experiencia y respaldo financiero, lo que derivó en incumplimientos contractuales y proyectos inconclusos. Por ello, subrayó que la licitación por mejor valor no se limita al costo, sino que pondera factores como la experiencia, la capacidad técnica y la solvencia financiera, brindando mayor seguridad al Estado.
Para Cedeño, el principal problema del sistema no radica en la modalidad de licitación, sino en deficiencias estructurales, como la falta de personal especializado para la elaboración de los pliegos de cargos, lo que provoca procesos mal diseñados y una baja participación de oferentes.
Además, señaló la existencia de excesivos recursos administrativos y legales, que, según dijo, deben ser simplificados para lograr procesos más ágiles y transparentes.
Para este jueves 18 de diciembre, el presidente Mulino defendió la necesidad de una reforma, al sostener que lo que está en discusión es lo que debe corregirse para evitar que fondos públicos terminen favoreciendo intereses privados.
El mandatario dirigió sus críticas a la Ley 22 de 2006, la cual calificó como obsoleta, ineficiente y costosa para el erario, describiéndola como “un perfecto desastre”.
Mulino advirtió que licitar incluso obras básicas, como la construcción de una banca en un parque, se ha convertido en un proceso vulnerable a impugnaciones, retrasos y resultados inciertos.