Gobierno deroga Secretaría de Digitalización en medio de reformas para reducir el tamaño del Estado

Panamá/El Ejecutivo oficializó la derogación de la Secretaría de Digitalización y Simplificación de Procesos de la Presidencia de la República, en el marco de una serie de reformas estructurales orientadas a reducir el tamaño del aparato estatal.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 61, se dejó sin efecto el Decreto No. 612 del 30 de agosto de 2019 —y su modificación más reciente a través del Decreto No. 437 del 23 de julio de 2024—, que originalmente creaban esta Secretaría con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites gubernamentales.

El nuevo decreto comenzará a regir a partir de su promulgación y está sustentado en el artículo 628 del Código Administrativo de la República de Panamá.

En ese sentido, será la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), quien asumirá la responsabilidad de liderar las iniciativas de transformación digital del Estado, con el fin de fortalecer su funcionalidad y eficiencia.

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Entidades bajo reforma

Esta decisión se da luego de una serie de cambios anunciados por el presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio, cuando anunció al país que lleva adelante su propuesta de la reducción del tamaño del Estado para contener el gasto público.

Ese día, mencionó al menos cuatro entidades públicas que serían objeto de reformas estructurales. Una de las reformas más significativas es la transformación del Ministerio de la Mujer en una secretaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esta cartera, que había sido elevada al rango de ministerio durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), pasará ahora a una estructura menor.

En el presupuesto general del Estado para 2025, el Ministerio de la Mujer cuenta con $11.6 millones, una leve reducción respecto a los $12 millones asignados en 2024. La entidad emplea a más de 125 funcionarios. Desde su creación, este ministerio generó críticas por haber duplicado el presupuesto que manejaba anteriormente el Instituto Nacional de la Mujer.

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Otra entidad que se verá afectada por las reformas es la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (Propanamá), pues será integrada al Ministerio de Comercio e Industrias.

Las funciones clave de atracción de inversiones, promoción de la marca país y representación internacional pasarán a una mesa ad honorem conformada por representantes del Ministerio de Comercio, Economía y Finanzas, Cancillería, Promptur, la Secretaría de Asuntos Económicos de la Presidencia, además del sector privado.

La política para atracción de inversiones, marca país y participación en eventos internacionales estará compuesta por una mesa ad honorem”, explicó el presidente Mulino en su informe del primer año de gestión.

El Banco Hipotecario Nacional también será reestructurado y convertido en un Instituto de Fomento a Viviendas de Interés Social, bajo coordinación de la Caja de Ahorros. La reforma contempla una reducción del 80% en su planilla, la eliminación de alquileres y el lanzamiento de un programa de titulación y ordenamiento de viviendas para propietarios al día.

Por último, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) será transformado en un Instituto de Fomento Agropecuario, bajo supervisión del Banco Nacional. El objetivo es disminuir los costos operativos y optimizar los recursos. En medio de esta reestructuración, el gerente general del BDA, Roberto Barría Stanziola, presentó su renuncia, siendo reemplazado de forma interina por Francisco Mejía, actual subgerente.

Aumento en la planilla estatal

A pesar del discurso de austeridad, los datos más recientes de la Contraloría General de la República revelan un incremento en la planilla estatal. En febrero de 2025, el total de funcionarios públicos alcanzó los 249,270 empleados, un aumento de 4,466 respecto a enero del mismo año.

De estos, 156,226 laboraban en el Gobierno Central y 93,044 en el sector descentralizado. El informe destaca que los movimientos más notorios ocurrieron en los cargos eventuales, especialmente en el Ministerio de Seguridad Pública, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Universidad Tecnológica de Panamá.

Estas reformas impulsadas por el Ejecutivo marcan un giro importante en la administración pública y plantean interrogantes sobre el impacto real en la eficiencia gubernamental y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.