Noticiero M.D.
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Panamá/El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, realizó una diligencia de inspección ocular en la Junta Comunal de Playa Leona, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de recabar información sobre la posible comisión del delito contra la administración pública, por la sustracción de documentos y bienes que no han sido localizados.
Esta investigación, iniciada de oficio, guarda relación con las denuncias públicas hechas por el representante Edwin Pinto, quien, al asumir el cargo, señaló presuntas irregularidades, incluyendo cortes de luz y reportes de funcionarios sobre su supuesta falta de registro en la Caja de Seguro Social.
La investigación busca determinar el paradero de los documentos y bienes desaparecidos, así como esclarecer las denuncias de irregularidades en la gestión de la junta comunal.
Durante esta jornada, la Fiscalía Anticorrupción también realizó diversas diligencias encaminadas a agilizar investigaciones en distintas instituciones, con la finalidad de reunir elementos de convicción que puedan constituir pruebas y establecer la vinculación de personas con estos hechos.
En este contexto, se realizaron visitas al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Tribunal Electoral de Panamá, Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Ministerio de Comercio e Industrias, Banco Nacional de Panamá, la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Registro Público.
En las últimas semanas, el Ministerio Público ha llevado a cabo diligencias simultáneas en el marco de investigaciones por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. El pasado 11 de junio, los fiscales realizaron visitas a 12 instituciones como parte de estas acciones.
Ese día, en un comunicado oficial, el Ministerio Público aseguró el enfoque de estas acciones, señalando que “la Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso con la ciudadanía panameña de imprimir celeridad, objetividad y firmeza en la persecución penal estratégica, especialmente en aquellos casos vinculados con el manejo indebido de recursos del Estado”.