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Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este lunes 23 de febrero la contratación, mediante procedimiento excepcional, celebrado entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá S.A. y TIL Panamá S.A. para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, respectivamente, tal como fue publicado en la Gaceta Oficial.
Según la Resolución N.° 4 de 23 de febrero de 2026, se aprueba la contratación transitoria de AMPT Panamá S.A. por 18 meses para la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa y un monto de veintiséis millones cien mil dólares ($26,100,000.00).
En tanto, en la Resolución N.° 5 de 23 de febrero de 2026 se establece el contrato transitorio de TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en el Atlántico, y un monto de quince millones ochocientos mil dólares ($15,800,000.00).
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El fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC) está en firme y dejó sin efecto la concesión para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial este lunes 23 de febrero.
En la decisión, el máximo tribunal concluyó que, luego de examinar el contrato-ley, este resulta “lesivo para los intereses de la colectividad”, al incurrir en violaciones directas del orden público y contravenir la Carta Magna. La Corte precisó que el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad debe interpretarse en el sentido de que no existe concesión.
El fallo se refiere específicamente a las demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, así como a sus adendas y al acto de prórroga.
Posteriormente, la Junta Directiva AMP puso en marcha un plan de operación transitoria por hasta 18 meses para las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, como parte de la estrategia estatal para garantizar la continuidad del servicio, mientras se define un nuevo modelo de concesión a largo plazo.
En materia laboral, el gobierno ordenó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tomar todas las medidas y acciones legales que correspondan para garantizar el pago de todas las prestaciones laborales de los trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal y asegurar la continuidad laboral de los mismos.
Para garantizar la seguridad, el decreto ordena al Ministerio de Seguridad Pública brindar, a través de los estamentos de la Fuerza Pública, todo el apoyo necesario a la Autoridad Marítima de Panamá para garantizar el acceso a los puertos y la seguridad de ambas terminales portuarias durante su operación.
Por su parte, Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings, calificó este lunes como "ilegal" la toma por parte de autoridades panameñas de los dos puertos que operaba en la entrada del canal de Panamá.
La compañía Panama Ports Company, filial de Hutchison, "objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación", indicó la firma en un comunicado.
Ambas resoluciones aprobadas por el Gobierno comienzan a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial este lunes.