Gobierno se declara en alerta preventiva ante posibles efectos de El Niño

El Gobierno Nacional instaló una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para dar seguimiento a los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño en Panamá, ante el riesgo de que provoque una disminución de las lluvias y condiciones de sequía en distintas regiones del país.

La primera reunión de la comisión se realizó el 15 de julio de 2026 en la sede del Ministerio de Gobierno, donde las instituciones participantes acordaron declararse en sesión permanente y mantener reuniones semanales para evaluar la evolución del fenómeno y coordinar acciones preventivas.

En el encuentro participaron los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; de Gobierno, Dinoska Montalvo; de Ambiente, Juan Carlos Navarro; y de Desarrollo Agropecuario (encargado), Aníbal Rincón. También asistió el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, además de representantes de los ministerios de Salud, Economía y Finanzas y Asuntos del Canal.

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La comisión también está integrada por representantes de entidades como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Dirección Nacional de Gobiernos Locales y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Durante la reunión, las autoridades conocieron un informe sobre el comportamiento de El Niño y su perspectiva climática para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

Según el reporte, durante esos seis meses podría registrarse una disminución de las lluvias en las regiones de la vertiente del Pacífico, además de un adelanto o una prolongación de la temporada seca, condiciones que podrían derivar en episodios de sequía.

Con la creación de esta comisión, el Gobierno busca coordinar medidas de prevención y respuesta para reducir el impacto que el fenómeno pueda tener sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria, los servicios públicos y otros sectores vulnerables del país.