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Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional ordenó la expropiación extraordinaria de 41 fincas en Isla Margarita, provincia de Colón, propiedad de la empresa Panamá Colón Container Port, Inc., al declarar que se trata de un caso de “interés social urgente” vinculado con el desarrollo de infraestructura estratégica para el país.
El Decreto Ejecutivo N.º 90, firmado hoy 20 de octubre de 2025, autoriza el traspaso de los terrenos a la Nación con el fin de iniciar la construcción de una instalación portuaria en el área atlántica del Canal de Panamá, proyecto considerado prioritario por su importancia económica, logística y de seguridad nacional.
Que es de interés del Estado panameño iniciar la construcción de una facilidad portuaria en el área de Isla Margarita”, señala el documento, que además cita el artículo 8 de la Ley 20 de 2009, el cual faculta al Órgano Ejecutivo a ordenar una expropiación extraordinaria “por interés social urgente”.
El decreto justifica la medida en una serie de incumplimientos contractuales y legales por parte de la empresa concesionaria, entre ellos la falta de pago de cánones, la ausencia de fianzas de cumplimiento vigentes desde 2022 y la negativa a permitir el ingreso de peritos estatales para realizar avalúos.
No fue posible realizar dicha diligencia de avalúo, ya que los propietarios no mantienen oficinas donde poder realizar las comunicaciones que se requieren… tampoco otorgaron consentimiento para tal diligencia”, detalla el decreto.
Asimismo, el documento señala que Panamá Colón Container Port, Inc. se encuentra en mora con el Estado por más de 1.4 millones de dólares en cánones y recargos, y que incumplió con la obligación legal de mantener vigentes las fianzas de inversión y las pólizas de seguro exigidas en el contrato de concesión firmado en 2013.
Estas fianzas tienen entre dos a tres años de estar vencidas… lo cual es un incumplimiento a la obligación establecida en la cláusula novena del contrato”, indica el documento.
Además de los incumplimientos, el Ejecutivo sostiene que los terrenos expropiados son necesarios para la ejecución de un proyecto portuario estratégico en la entrada atlántica del Canal, zona considerada clave para el desarrollo logístico, la conectividad comercial y la seguridad nacional.
En virtud de las consideraciones expuestas, el Gobierno Nacional considera necesario expropiar las fincas descritas y traspasar su propiedad a la Nación”, se lee en el decreto presidencial.
El Gobierno explicó que la medida fue adoptada tras múltiples intentos de negociación y procesos legales sin resultados, lo que llevó a aplicar la facultad constitucional del Estado para “asegurar el mayor bien a la colectividad” en casos donde la propiedad privada obstaculiza un proyecto de interés nacional.
La isla está en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. El presidente José Raúl Mulino ya se había referido al tema el 24 de abril, durante su conferencia de prensa semanal, cuando anunció que su administración no continuaría impulsando la construcción del puerto y el patio de contenedores en esa zona. Explicó que el proyecto enfrenta numerosos obstáculos por resolver, entre ellos retrasos en el cronograma, fianzas vencidas, morosidades e incluso un contrato que —según dijo— fue otorgado de manera irregular.
En 2013, la AMP otorgó dos concesiones que repartieron 81.51 hectáreas de fondo de mar en Isla Margarita: una a Panama Colon Container Port Inc. (PCCP), para construir un puerto de carga, y otra a United Crown Construction Inc., para desarrollar un patio de contenedores.