Fiscalía investiga 49 casos de vulneración a menores en albergues y obtiene 15 condenas en siete años

Recientemente, la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia.

Ministerio Público adelanta investigación por anomalías en el albergue de la Senniaf en Tocumen

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 49 investigaciones por presuntas vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes en centros de atención fueron realizadas por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2024, de las cuales 15 ya han concluido en condenas, reveló la fiscal superior de Familia, Ledye Machuca, al referirse a los avances y resultados de estas causas.

Las declaraciones de la fiscal se dieron en el contexto de una nueva denuncia pública presentada la semana pasada, la cual ya se encuentra bajo investigación. Machuca explicó que, una vez recibida la denuncia por parte de la Procuraduría General de la Nación, se activaron de inmediato los actos investigativos para determinar si existe la comisión de un delito.

Como parte de estas diligencias iniciales, el Ministerio Público se desplegó hacia el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde un equipo interdisciplinario conformado por peritos forenses realizó una inspección y logró recabar elementos que serán analizados como posibles medios de convicción dentro del proceso.

La fiscal destacó que las investigaciones que involucran a menores de edad requieren un abordaje especializado y coordinado, con la participación de psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos forenses y personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, priorizando siempre la protección integral de la niñez.

Machuca detalló que, en investigaciones anteriores, el Ministerio Público inspeccionó más de 57 albergues a nivel nacional, entrevistó a más de 560 niños con protocolos especializados y realizó evaluaciones sociales en distintas provincias del país, con el apoyo de fiscales de todo el territorio nacional.

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En cuanto a los resultados, indicó que las 15 condenas obtenidas corresponden a delitos como maltrato al menor y delitos sexuales. Entre los sentenciados figuran directores de centros, cuidadores y personal que prestaba servicios dentro de estas instituciones y que, aprovechando su posición de confianza, incurrieron en conductas delictivas. Actualmente, dos personas cumplen penas de prisión de 12 y 14 años por delitos sexuales, mientras que otros dos casos están pendientes de juicio, programados para los meses de marzo y abril.

La fiscal precisó que las anomalías detectadas en estos procesos incluyeron agresiones verbales y físicas, hostigamientos, humillaciones y, en los casos más graves, delitos sexuales como violación.

Sobre el incremento de denuncias, Machuca señaló que el mayor número de casos se registró durante el periodo 2020-2021, mientras que en los últimos años no se ha reportado un aumento significativo. No obstante, subrayó que el Ministerio Público mantiene una labor constante y determinada para investigar y sancionar este tipo de hechos, siempre con apego al debido proceso.

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Recordó que cualquier persona puede presentar denuncias por maltrato o abuso contra menores a través de cualquier agencia del Ministerio Público a nivel nacional, sin necesidad de formalidades, ya que estas investigaciones se inician de oficio una vez se tiene conocimiento de los hechos.

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