Janine Prado cuestiona contrataciones directas y aumento de la deuda pública: 'Seguimos improvisando'

La contratación directa por $44.2 millones para el alquiler de 43 ambulancias por parte del Ministerio de Salud (Minsa) volvió a generar cuestionamientos de parte de algunos diputados independientes como Janine Prado, quien criticó el uso recurrente de procedimientos excepcionales por parte del Gobierno y advirtió que este tipo de decisiones reflejan falta de planificación, incrementan el gasto público y deben ser explicadas con mayor transparencia.

Prado sostuvo que las contrataciones excepcionales solo deberían utilizarse cuando exista una verdadera urgencia. No obstante, afirmó que el actual gobierno ha convertido este mecanismo en una práctica habitual, lo que, a su juicio, evidencia la ausencia de una hoja de ruta para atender problemas estructurales del sistema de salud.

Esto debería preocuparnos a todos los panameños, porque ahorita tenemos el presupuesto para la vigencia 2027 más alto de toda la historia. Seguimos endeudándonos al mismo ritmo que la administración anterior, que tanto criticaron, y seguimos igual o peor", expresó.

La diputada consideró que el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, debe explicar por qué esta contratación directa resulta la opción más conveniente y cuáles fueron los criterios técnicos que respaldaron la decisión.

• Te puede interesar: Aprueban en segundo debate modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional

Asimismo, señaló que existen otras necesidades prioritarias, como la contratación de enfermeras, quienes, dijo, deben cumplir un año de servicio en la capital y posteriormente trasladarse al interior para poder ser nombradas, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.

No existe claridad en la planificación; seguimos improvisando. Aquí, sin lugar a dudas, hay corrupción de por medio, hay grandes negociados de por medio y eso tiene que acabarse", enfatizó Prado.

La diputada comparó la contratación del Minsa, que contempla el alquiler de 43 ambulancias por $44.2 millones durante 49 meses, con una adquisición realizada por la Caja de Seguro Social (CSS) de 55 ambulancias por $9 millones. Aunque reconoció que ambas contrataciones podrían responder a necesidades distintas, insistió en que las decisiones deben sustentarse en informes técnicos y datos objetivos.

Reglamento interno de la Asamblea

En otro tema, Prado cuestionó el poco interés de sus colegas por impulsar cambios profundos al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, tras las modificaciones y eliminación de artículos aprobadas durante el segundo debate.

Recordó que en el tercer debate ya no es posible introducir modificaciones, sino únicamente votar el proyecto, por lo que adelantó que votará en contra.

La diputada explicó que uno de los artículos que motivan su rechazo es el relacionado con la gestión de proyectos, al considerar que abre la puerta al regreso de las partidas circuitales.

"Se ha perdido la oportunidad de darle una nueva cara a la Asamblea, de poder modernizar el reglamento interno y cumplirles a los ciudadanos", concluyó.

Proyecto para reformar el mercado energético

En otro tema, la diputada Janine Prado evitó adelantar una posición definitiva sobre el proyecto de ley que busca reformar el mercado energético y endurecer las sanciones contra las empresas que incumplan sus contratos, al señalar que aún no ha recibido el texto de la iniciativa.

No obstante, consideró que es necesario fortalecer los mecanismos para prevenir los incumplimientos, ya que, a su juicio, los panameños demandan un servicio eléctrico más confiable y no únicamente sanciones más severas.

"Los panameños lo que quieren es que ya no existan incumplimientos. No se puede vivir todos los días con fluctuaciones, con falta de suministro eléctrico y pagando la factura más alta de todos los tiempos", expresó.

Prado recordó que los contratos de las empresas distribuidoras Ensa, Naturgy y Edechi vencen en octubre de 2028, por lo que consideró que antes de iniciar un nuevo proceso de licitación es necesario modernizar el marco regulatorio.

En ese sentido, planteó fortalecer el papel de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para que ejerza una supervisión más efectiva en defensa de los consumidores.

"No es posible que la misma empresa importe el medidor, lo instale, lo lea y, además, resuelva los reclamos de los usuarios. Hay un conflicto de interés y por eso muchas veces los ciudadanos sienten que no reciben respuesta", indicó.

La diputada también hizo un llamado a que la directora de la ASEP actúe con mayor transparencia y aseguró que, de ser necesario, deben modificarse las normas que rigen a la entidad para fortalecer su independencia.