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Ciudad de Panamá, Panamá/Este lunes 20 de enero hasta el 28 de febrero está programado el juicio por el caso Odebrecht, el entramado delictivo dedicado a pagar sobornos a cambio de obtener millonarios contratos del Estado. Las coimas eran pagadas por la llamada Caja 2 de la empresa Norberto Odebrecht.
La diligencia debe comenzar a partir de las 9:00 a.m., según ha informado el Órgano Judicial.
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En esta oportunidad, la jueza Baloísa Marquínez escuchará a todos los involucrados y a los fiscales que sustentarán sus pruebas para definir si los acusados son o no responsables de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción relacionados con el escándalo Odebrecht, que ha tenido condenas en otros países.
Son 24 imputados los que deben comparecer en el juicio, que abordará la trama de soborno transnacional. De acuerdo con el Órgano Judicial, es el único expediente con estas características.
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Según acuerdos de colaboración eficaz, exdirectivos de la compañía de origen brasileño reconocieron haber pagado coimas provenientes de actividades ilícitas a funcionarios panameños o personas allegadas al gobierno.
Información proporcionada por Estados Unidos reveló en el 2016 que se realizaron pagos por $59 millones a funcionarios panameños entre los años 2010 y 2014 para obtener, entre otras cosas, contratos de obras públicas.
Las fiscales Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios atenderán el caso Odebrecht por parte del Ministerio Público.
De esta manera, Odebrecht habría logrado desarrollar importantes proyectos como:
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En el auto de llamamiento a juicio elaborado por la jueza Baloisa Marquínez, se explican seis modalidades para ocultar los sobornos:
El procedimiento utilizado por Odebrecht en Panamá fue similar al empleado en otros países como Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador y Guatemala, casi siempre pactando con los gobiernos sobreprecios por las obras que eran convertidos en coimas.
Inicialmente, la jueza Marquínez, en septiembre del 2022, tras la realización de la audiencia preliminar, decidió abrir causa criminal contra 36 personas, entre ellas dos expresidentes: Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, pero Varela salió de las manos de la jueza, al adquirir una prerrogativa tras ser electo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Esto no quiere decir que quede libre de responsabilidad, sino más bien que él será procesado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de juicio oral. Esto se da porque, según la Constitución, solo los magistrados de la Corte tienen competencia para investigar o castigar a diputados.
Los que también se zafaron de este procesamiento ante la jueza Marquínez son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes también fueron elegidos como diputados suplentes del Parlacen, así como el exministro de obras públicas Jaime Ford. Todos ellos también deben ser atendidos por los magistrados de la Corte Suprema.
Quien se mantiene en el listado de imputados que deben comparecer ante Baloisa Marquínez es el expresidente Ricardo Martinelli, así como: Ricardo Francolini, Federico José Suárez, José Domingo Arias, Carlos Duboy, Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima, Aaron Mizrachi, Aurora Muradas, Jaime y Michelle Lasso, Jore Alberto Rosas, Juan Antonio Niño, Rosa Molino Paz, Juan Carlos Rosas, Frances Pérez Giménez, Francisco Pérez Ferreira, Jaumes Pamies, Cristina Lozano Bonet, Rodrigo Díaz Paredes, Roberto Enrique Brin, Navin Mohan Bhakta, Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona.