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Ciudad de Panamá, Panamá/Este jueves 5 de febrero se realizó una audiencia de control en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Ágora, en el marco de una investigación que involucra al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
La audiencia, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, tiene relación con la incautación de datos iniciada tras una denuncia presentada en 2025 por Luciano Sánchez Quezada, por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencia y enriquecimiento injustificado. Según la investigación, Carrizo habría mantenido negocios con Luis Acevedo y presuntamente influido en contrataciones del Estado.
Se trata de una investigación en etapa preliminar en la que aún no se han hecho imputaciones de cargos. Durante la audiencia, Carrizo estuvo representado por su abogado Víctor Orobio, quien cuestionó la competencia de los jueces de garantías, alegando que su defendido mantiene la figura de diputado del Parlacen, aunque aún no se haya juramentado.
"Tampoco es que el Ministerio Público esté abriendo carpetillas por abrir carpetillas; cuando en realidad sí se está investigando el mismo delito y la misma persona, obviamente acumula todas, investiga una sola y le ahorras dinero al Estado que nos hace falta para otras cosas", señaló Orobio.
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El jurista agregó que hay otra investigación por los mismos hechos y que evaluarán presentar la certificación de las carpetas ante un juez de garantías para que valore una “afectación de derechos”.
En otra investigación, el pasado 28 de enero, la jueza de garantías Oris Medina legalizó la aprehensión e imputó cargos por enriquecimiento injustificado a Carrizo, ordenando además arresto domiciliario e impedimento de salida del país. La jueza fundamentó su decisión en la gravedad del delito y en el riesgo procesal de peligro para la comunidad.
Previo a la audiencia, el Tribunal de Garantías dio por presentada la formulación de cargos, solicitada por el Ministerio Público, representado por las fiscales Adela Cedeño y Patricia Herrera, mientras que el imputado estuvo asistido por los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Paul Aparicio.
Durante la diligencia, tanto el Ministerio Público como la defensa anunciaron recursos de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver estos recursos quedó programada para el próximo jueves 12 de febrero, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
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