Corte Suprema: Destituyen a magistrados del Tribunal de Apelaciones por irregularidades en asignación de audiencias
Trascendió que el Ministerio Público también mantiene investigaciones relacionadas a estas presuntas irregularidades.
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Adrián Hernández y Justo Vargas, fueron destituidos de sus cargos a través de una decisión administrativa, que dejó sin efecto sus contratos debido a presuntas irregularidades en la solicitud de audiencias específicas dentro del Sistema Penal Acusatorio.
La medida fue adoptada por la Dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial y posteriormente confirmada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Ya no son funcionarios del Órgano Judicial”, nos fue confirmado por una fuente de la institución.
Aunque hasta el momento no se ha emitido una comunicación oficial detallando las razones de la decisión, trascendió que la medida guarda relación con la reciente circular emitida por la Coordinación General del Sistema Penal Acusatorio (SPA), adscrita al despacho de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo, presidenta de la Sala Penal.
En dicha circular se reitera que los jueces y magistrados tienen prohibido solicitar la asignación de audiencias específicas, debido a que esa función corresponde exclusivamente a la Oficina Judicial, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
La asignación de audiencias debe ser aleatoria. Así lo establece el artículo 47 del Código Procesal Penal.
Artículo 47: Oficina Judicial. El Juez o Tribunal será asistido por una Oficina Judicial. Su director deberá organizar las audiencias o los debates que se desarrollen durante el proceso, en especial los de formulación de acusación y los del juicio, así como los sorteos en Juicios con Jurados”.
Asimismo, el Manual de Procedimientos del Sistema Penal Acusatorio establece que, una vez ingresa una solicitud de audiencia, el sistema realiza la asignación del juez bajo criterios de reparto aleatorio y equitativo. Posteriormente, corresponde a la Oficina Judicial fijar la fecha, hora y sala donde se desarrollará la diligencia.
Fuentes vinculadas al proceso indicaron que el Ministerio Público también mantiene investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la asignación de audiencias, a través de la Fiscalía Anticorrupción.
Los cuestionamientos de Mulino
La situación ocurre en medio de reiterados cuestionamientos del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre decisiones adoptadas por jueces y magistrados en casos de alto impacto, especialmente aquellos relacionados con delitos violentos.
El mandatario ha señalado en varias ocasiones su preocupación por resoluciones judiciales que terminan imponiendo medidas cautelares como arresto domiciliario o casa por cárcel a personas investigadas por delitos graves.
Incluso, Mulino ha revelado que el Órgano Ejecutivo mantiene conversaciones con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de impulsar correctivos dentro del Sistema Penal Acusatorio.
En sus declaraciones durante su conferencia de prensa semanal, el presidente ha comparado el tratamiento judicial otorgado en algunos casos con el que recibiría “un carterista común y corriente”, y ha advertido que determinadas decisiones pueden enviar un “mensaje equivocado” tanto a la ciudadanía como a los estamentos de seguridad del país.