Corte rechaza demanda de inconstitucionalidad contra decreto que sustenta manejo de material minero en Donoso
La controversia alrededor del decreto se produce en medio de las acciones adoptadas por el Gobierno respecto al material expuesto de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.
Panamá/El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Ejecutivo No. 5 del 1 de abril de 2026, norma que desarrolla el artículo 115 del Código de Recursos Minerales y establece medidas para eliminar condiciones peligrosas derivadas de las operaciones mineras.
La decisión quedó plasmada en el Edicto N.° 811, fijado por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
En la parte resolutiva, el máximo tribunal señala que, "administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, no admite la Demanda de Inconstitucionalidad" presentada por un grupo de abogados contra el decreto que reglamenta disposiciones del Código de Recursos Minerales.
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La acción había sido interpuesta por los licenciados Juan Ramón Sevillano Callejas, Silvio Guerra Morales, Juan José Cerezo Castillo, Roberto Ruiz Díaz, Neftalí I. Jaén M., Anselmo Guerra Morales, Cosme Idryz Moreno y Luis Antonio Castro Garibaldi.
La resolución del pleno fue adoptada el pasado 8 de junio y notificada mediante el edicto publicado este 17 de junio.
El Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026 fuera publicado en la Gaceta Oficial No. 30497 A desarrolla el artículo 115 del Código de Recursos Minerales y establece el marco para adoptar medidas destinadas a eliminar condiciones peligrosas que puedan resultar de las operaciones mineras.
Contexto
La controversia alrededor del decreto se produce en medio de las acciones adoptadas por el Gobierno respecto al material expuesto de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón.
En abril pasado, el Ministerio de Comercio e Industrias autorizó a la empresa Cobre Panamá S.A. a remover y procesar material que permanece en el sitio minero, con un valor estimado de 38 millones de dólares.
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La medida fue formalizada mediante una resolución sustentada en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), cuyo propósito, según las autoridades, es prevenir riesgos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas.
La publicación del Decreto Ejecutivo No. 5 y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir la demanda de inconstitucionalidad representan nuevos capítulos en la discusión sobre el futuro de las operaciones vinculadas a la mina de cobre de Donoso, uno de los temas que ha generado mayor debate en el país desde el fallo de inconstitucionalidad del contrato minero emitido en 2023.
Con la decisión del pleno, el Decreto reglamentario permanece vigente, mientras continúan las discusiones sobre las medidas de preservación y manejo seguro en las instalaciones mineras.