Caso Vale Digital: Oliva, Budy Attie y Becerra enfrentan medidas cautelares distintas a la detención

El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/El juez de garantías impuso medidas cautelares distintas a la detención al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, al empresario Budy Attie y a la abogada Janice Becerra. Todos son investigados por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir, en el marco del caso Vale Digital, relacionado con supuestas irregularidades en el uso de la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado.

El juez dictaminó reporte periódico los 14 de cada mes e impedimento de salida del país para Becerra. Mientras que a Oliva y Attie se les aplicó reporte los 14 y 28 de cada mes e impedimento de salida del país.

Las medidas cautelares se dictaron luego de que se imputaran cargos a los señalados, al considerar que no existía riesgo de fuga. Además, consideró ilegal su aprehensión.

La fiscalía interpuso un recurso de apelación de medidas cautelares debido a que habían solicitado detención para Attie y Luis Oliva, alegando riesgo de fuga, ya que son personas que viajan constantemente y con poder adquisitivo.

La fiscal Thalía Palacios, al concluir la audiencia, informó que la apelación se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre a las 2:00 p.m. Asimismo, defendió la postura y los elementos presentados por el Ministerio Público. Añadió que aún no se ha determinado la suma exacta de dinero malversado, aunque podría ascender a millones de dólares, y adelantó que el informe de auditoría podría llegar en los próximos días a la institución.

Por su parte, uno de los abogados defensores señaló que las imprecisiones en la teoría de la fiscalía llevaron al juez a considerar debilitada la acreditación del hecho delictivo y la vinculación. Agregó que el Ministerio Público todavía no ha precisado a qué contrato se refiere y mezcla dos periodos distintos, por lo que esperan que esto se aclare para poder revertir la situación.

Desarrollo de la audiencia

Durante la diligencia, el empresario Ralph Attie tuvo que ser trasladado a un centro médico tras sufrir quebrantos de salud. Superada la situación, la fiscal Thalia Palacios sustentó la aprehensión de los indiciados, señalando que habían proporcionado varias direcciones domiciliarias, lo que motivó la operación. Sin embargo, la defensa refutó este argumento y aseguró que sus clientes siempre han mostrado disposición para colaborar con las investigaciones.

Luego de escuchar a ambas partes, el juez de garantías decretó ilegal la aprehensión de los señalados.

El caso se centra en la migración de datos de las plataformas de la AIG y el Tribunal Electoral a similares del grupo Attie sin que estas hubieran sido contratadas por el Estado, incluso se indicó que las empresas cobraban 0.5% de comisión por cada transacción a los comercios afiliados a la plataforma de AIG cuando se hacían efectivos los vales digitales que fueron entregados durante la pandemia.

Pese a haberse declarado ilegal la aprehensión, el juez imputó los tres cargos que peticionó la Fiscalía contra Oliva y los empresarios Attie, mientras que a Becerra solo se le imputó peculado y asociación ilícita.

La audiencia se realiza en el Sistema Penal Acusatorio, ubicado en Plaza Ágora.

Te podría interesar: Aprehenden a Luis Oliva, exdirector de la AIG y al empresario Budy Attie; por delito contra la administración pública

Oliva, los empresarios y la abogada fueron aprehendidos la mañana del miércoles 27 de agosto en un apartamento ubicado en Parque Lefevre, tras un operativo de la Policía Nacional coordinado por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.

Según las investigaciones, la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado, utilizada durante la pandemia de covid-19 para ejecutar programas de ayuda social como Vale Digital y Pase-U se usó sin convenios ni contratación.

La investigación, abierta por la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2023, se originó a partir de una denuncia presentada por el entonces subadministrador de la AIG, Luis Stoute, quien detectó y señaló irregularidades en el uso de la mencionada plataforma.

Los operativos se desarrollaron en distintos sectores de la provincia de Panamá, entre ellos San Francisco, San Miguelito, Parque Lefevre y Brisas del Golf, donde se realizaron allanamientos y registros. En estas acciones se recabaron indicios que forman parte de la investigación en curso.

Con información de Yamy Rivas y Luis Alberto Jiménez

Temas relacionados

Si te lo perdiste
Lo último