Gobierno demanda por ilegal contrato de mapa digital comprado a filial de Finmeccanica

El gobierno panameño, presentó este jueves, 24 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda Contencioso Administrativa para que se declare nulo, por ilegal, el Contrato AL 3-82-10, de 9 de agosto de 2010, entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Telespazio Argentina S.A., sociedad italiana subsidiaria de Finmeccanica S.p.A.

La contratación directa se hizo un monto de 120 millones de dólares, aprobada mediante Resolución N°114, de 3 de agosto de 2010, del Consejo de Gabinete y refrendado el 17 de noviembre de 2010, por la Contraloría General de la República.

Se trata de un contrato para el “suministro, instalación, mantenimiento, capacitación y financiamiento del Sistema de Cartografía Digital de la República de Panamá”, según un comunicado de prensa, emitido por la Secretaría de Comunicación del Estado.

Fallas del contrato

Según la demanda, se destaca que el contrato se dio entre el Ministerio de Seguridad Pública y el de Obras Públicas sin haber sido presentado ante el Consejo de Gabinete.

Se destaca que nunca se emitió un concepto de opinión de viabilidad de los productos adquiridos a Finmeccanica, y tampoco se presentó otra alternativa ante el Consejo de Gabinete.

El contrato, que no fue publicado en Gaceta Oficial, contiene una cláusula arbitral, pero este no afecta la competencia de la Sala Tercera para conocer y decidir sobre la nulidad del contrato, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Nacional, y en el numeral 5 del artículo 97 del Código Judicial, se detalla en el comunicado.

Por otro lado se advierte que el objetivo de este proceso de nulidad es un asunto de orden público que no puede ser decidido en un Tribunal Arbitral y que las violaciones que se le imputan a este contrato administrativo son graves y de orden público y tienen que ver con conductas reprochables y posiblemente delictivas de funcionarios públicos y particulares que originan la nulidad del contrato impugnado.

Según la Secretaría de Comunicación del Estado, esta demanda de nulidad presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia se busca el restablecimiento del orden jurídico infringido.