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Ciudad de Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier, decidió mantener la medida cautelar de detención provisional contra el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, y contra el orden económico, por supuesto blanqueo de capitales.
La decisión se tomó este miércoles 18 de noviembre durante una audiencia de revisión de medida cautelar. Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Garantías concluyó que los elementos nuevos presentados por la defensa no desvirtúan los riesgos procesales establecidos en la audiencia inicial, por lo que no encontró justificación para cambiar la detención por otra medida.
En el acto judicial, el abogado particular sustituto Javier Quintero, en representación de Publio De Gracia, pidió aplicar reclusión domiciliaria y el uso de brazalete electrónico, alegando que su defendido requiere atención médica. Por su parte, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal David Garay.
Al referirse al estado de salud del exdirector de la DGI, la jueza Toulier señaló que el tribunal no ha podido constatar ni verificar cuál es el tratamiento médico que debe seguir el imputado a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También indicó que esta situación pudo haberse previsto y evitado con una comunicación oportuna de la defensa, y apuntó que la fiscalía no había sido informada sobre el suministro de medicamentos, lo que dificultó hacer las verificaciones correspondientes.
Antes de que terminara la audiencia, la defensa anunció un recurso de apelación contra la resolución de la jueza de garantías. La nueva cita ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial quedó programada para el próximo 9 de diciembre de 2026, a las 8:30 a.m., en la sala #2 del edificio Plaza Fortuna.
Este proceso penal guarda relación con un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 25 de mayo de 2026 y correspondiente al período 2019-2024, en el cual se habría identificado un presunto incremento patrimonial injustificado y una posible lesión patrimonial al Estado mientras De Gracia estuvo al frente de la DGI.