Jueza revoca medida de protección impuesta contra periodista
Gremios periodísticos, entre ellos el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo advertían sobre la aplicación de esta medida como una amenaza a la libertad de prensa.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, América Vergara, admitió la solicitud de revocatoria de la medida de protección presentada por la defensa técnica dentro de una investigación seguida contra la periodista Sabrina Bacal por la presunta comisión de delitos contra el honor.
La petición fue presentada en audiencia de afectación de derechos por el abogado Eduardo Guevara, quien solicitó la suspensión de la medida que había aplicado el Ministerio Público y que restringía a la comunicadora realizar publicaciones relacionadas con el caso que vincula a dos empresarios panameños.
Durante la audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, la jueza escuchó los argumentos de las partes intervinientes y resolvió admitir la solicitud de revocatoria, tomando en cuenta que el Ministerio Público —como ente investigador— no se opuso a la suspensión de la medida de protección.
El Ministerio Público había aplicado la medida, a solicitud de los denunciantes, fundamentada en lo establecido en los artículos 16, 17, 19 y 20 del Código Procesal Penal, que regulan la aplicación y revisión de este tipo de medidas dentro de procesos penales.
En la audiencia participó la fiscal Isela Mela en representación del Ministerio Público; entanto que, por los querellantes intervino la abogada Marcela Araúz Quintero.
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El caso se origina en una investigación iniciada en mayo de 2025, tras la publicación de contenidos relacionados con dos denunciantes.
Como parte de ese proceso, la Fiscalía había emitido una orden de protección que prohibía a la periodista informar o publicar en medios tecnológicos o electrónicos sobre las actividades de los denunciantes.
La medida también establecía restricciones para evitar presuntos actos de amenazas, hostigamiento o agresiones verbales.
La orden de protección se mantuvo vigente durante la investigación penal por la supuesta comisión de calumnia e injuria, delitos contemplados dentro de los llamados delitos contra el honor.
Con la admisión de la solicitud de revocatoria, el tribunal abrió paso a la suspensión de la medida que restringía las publicaciones a Bacal.
Este jueves, gremios periodísticos, entre ellos el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo advertían sobre la aplicación de esta medida como una amenaza a la libertad de prensa. Los gremios consideraron que no solo se desvirtúa el espíritu de las leyes de protección, sino que se pretende establecer un mecanismo de censura previa que nuestra Constitución prohíbe de forma absoluta.