Ciudad de Panamá/La audiencia por el caso Odebrecht volvió a concentrar la atención este jueves, no solo por los movimientos financieros expuestos por la Fiscalía, sino por los cuestionamientos directos a la idoneidad y metodología del perito que sustenta parte de la acusación. Desde temprano, la jueza Baloisa Marquínez marcó el tono de la jornada al advertir, por tercera vez, a la Fiscalía que el perito debía explicar y sustentar sus hallazgos, y no limitarse a leer documentos durante su intervención.

Durante el interrogatorio fiscal, el perito Antonio Lim detalló análisis financieros relacionados con distintas sociedades vinculadas a exfuncionarios y empresarios, señalando transferencias provenientes de estructuras asociadas a la empresa Odebrecht.

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Lim fue el encargado de emitir el informe técnico que ha servido como base para que la Fiscalía explique esta trama de presunto blanqueo de capitales.

En el caso del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, quien ocupó el cargo entre 2009 y 2014, Lim indicó que dentro de su análisis se identificaron cuatro sociedades pertenecientes a los padres del exministro, dedicadas a la venta de arena, las cuales habrían recibido fondos de empresas relacionadas con Odebrecht.

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia se produjo cuando el perito explicó los movimientos de la sociedad Caribbean Holding, de la cual existen dos registros: uno en Antigua y Barbuda y otro en Panamá. Según su exposición, ambas recibieron fondos de sociedades controladas por Odebrecht. El dinero, detalló, ingresaba desde una cuenta en Barbados, pasaba a Panamá y desde allí se realizaron pagos a Importadora Ricamar, sociedad vinculada al expresidente Ricardo Martinelli. Como ejemplo, mencionó transferencias efectuadas entre febrero y diciembre de 2009, que suman un total de 1.5 millones de dólares, retirados posteriormente por el exmandatario y por la empresa mencionada.

Lim también se refirió al empresario Ramón Carretero, recientemente incluido en la Lista Clinton y ausente de la audiencia por razones médicas. Explicó que Carretero estaría vinculado a dos sociedades controladas por Odebrecht, Yinchung International y Caribbean Logistics Corporation, las cuales recibieron fondos que luego fueron transferidos a otras sociedades y personas naturales. Solo una de estas empresas, indicó, recibió aproximadamente 2.5 millones de dólares.

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Tras un receso de 15 minutos decretado por la jueza, la audiencia se reanudó con la incorporación de los abogados defensores al interrogatorio. A partir de ese momento, el foco se trasladó hacia la idoneidad del perito y el alcance del informe que elaboró.

El abogado Arturo Vicente Saurí cuestionó la formación técnica de Lim, quien respondió que es contador público autorizado, sin maestría ni especialización en auditoría forense. Aclaró que su informe es de carácter descriptivo y no conclusivo, y que se limita a narrar hechos sin realizar señalamientos directos. También surgieron cuestionamientos sobre el período analizado, ya que algunos movimientos financieros atribuidos a exministros corresponderían a años previos al rango temporal de 2009 a 2014 establecido en la comisión del perito.

“Yo soy contador público autorizado con idoneidad solamente. Fui investigador hasta completar 30 años de servicio y no podía responderle eso porque no tengo una maestría en auditoría forense; únicamente tengo la licenciatura en contabilidad”.

Durante el contrainterrogatorio, la abogada Guillermina McDonald, defensora de Navin Bhakta, indagó sobre las fuentes utilizadas.

Lim confirmó haber revisado cerca de mil tomos del expediente, además de estados de cuenta, facturas y cheques, aunque reconoció que no examinó libros contables ni declaraciones de renta de algunas sociedades. Señaló que su análisis se centró en aportes financieros específicos, como los relacionados con la adquisición de un helicóptero vinculado a la familia Martinelli, y sostuvo que los beneficiarios finales de ciertas sociedades corresponden a dicha familia, basándose en información del expediente y del Registro Público.

La jornada avanzó con nuevas intervenciones de los defensores, entre ellos Pedro Melián, en representación de Rodrigo Díaz, y el abogado del exdiputado Jorge Alberto Rosas. Uno de los cuestionamientos más directos provino del abogado Alfredo Vallarino, quien interrogó al perito sobre su idoneidad y la metodología empleada. Lim explicó que, aunque no se mantuvo como miembro de la Policía Técnica Judicial entre 2007 y 2022, su idoneidad estaba vigente cuando elaboró el informe en 2022. Reconoció además que la información fue suministrada por la Fiscalía en copias físicas, las cuales cotejó con los documentos originales, y que la investigación le tomó cerca de cinco años, entre 2017 y 2022.

La audiencia culminó a las 6:00 p.m., tras el contrainterrogatorio por parte de los abogados defensores. El juicio seguirá este viernes, cuando se retome el interrogatorio de los testigos, en una causa que continúa marcada por el debate sobre la solidez técnica de los informes que sustentan la acusación.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014 a funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.