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Ciudad de Panamá/Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ingresó esposado al Sistema Penal Acusario para enfrentar una audiencia de solicitudes múltiples. Durante el proceso, la jueza de Garantías Irene Cedeño legalizó su aprehensión, le imputó cargos por supuesto enriquecimiento injustificado agravado y ordenó su detención provisional.
La funcionaria judicial fundamentó la medida cautelar argumentando que existe un claro riesgo de fuga y desatención al proceso. Para sustentar esta postura, citó las declaraciones del imputado al inicio de la diligencia, donde mencionó que la sociedad Panamá Naval Service genera ingresos anuales de entre 140 mil y 150 mil dólares. Según el criterio de la jueza, esta cifra demuestra que cuenta con los recursos económicos suficientes para concretar el riesgo procesal.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó las pruebas. Además de las solicitudes principales, se legalizó un seguimiento y vigilancia a Noriel Araúz. En este procedimiento se detectó la presencia de tres vehículos de alta gama en su residencia, así como la realización de varios viajes a Argentina y Paraguay entre 2025 y 2026.
Por su parte, César Ruiloba, abogado defensor, cuestionó duramente la decisión de la jueza. El jurista señaló que ofrecieron alternativas como arresto domiciliario, reportes periódicos, brazalete electrónico, caución económica y entrega de pasaporte para garantizar que su cliente permanecería en el país.
Ruiloba enfatizó que su cliente tiene domicilio conocido, familia y trabajo, por lo que no existe riesgo de fuga. Además, criticó que la acusación se base en un informe de la Unidad de Análisis Financiero de hace varios años sobre un supuesto incremento patrimonial, el cual considera que es una contravención y no un delito.
El Ministerio Público asegura que, tras el arqueo entre ingresos y egresos, existe una diferencia de más de 1.3 millones de dólares que el exfuncionario no puede justificar. También presentaron documentos que acreditan que Araúz tramitaba una residencia temporal en Paraguay.
La defensa rechazó las acusaciones y explicó a la jueza que en el cálculo se incluyó todo el patrimonio familiar. Argumentaron que el informe no consideró los ingresos en el extranjero, que desde que dejó el gobierno del PRD no consigue empleo en el país y que sus viajes responden a una oferta de trabajo naval en Paraguay.
La defensa apeló la decisión de detención provisional. La audiencia de impugnación se llevará a cabo el próximo 22 de julio a las 3:00 p.m.
Con información de Elizabeth González.