Operaciones Dealer y Póker: Condenan a 14 personas por delitos relacionados con drogas en Chiriquí

Las autoridades revelaron que una de las personas vinculadas al caso presuntamente comercializaba sustancias ilícitas en las cercanías de planteles educativos, situación que incrementó la alerta en la región.

Imagen con fines ilustrativos de justicia, juez, condena o detención provisional. / Pexels - Sora Shimazaki

Chiriquí/Un total de 14 personas, aprehendidas en el marco de las operaciones Dealer y Póker en la provincia de Chiriquí, fueron condenadas a penas que oscilan entre 5 y 8 años de prisión, tras ser halladas culpables del delito contra la seguridad colectiva, en las modalidades de posesión y venta agravada de drogas, informó el Órgano Judicial.

Las sentencias se dictaron mediante la validación de acuerdos de pena. Además, los jueces aplicaron como sanciones accesorias la inhabilitación para ejercer funciones públicas por períodos de uno, dos y hasta tres años a algunos de los condenados, junto con el comiso de más de mil 500 dólares.

Durante la celebración de 18 audiencias de solicitudes múltiples, relacionadas con ambos operativos, los jueces de Garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA)—Ana González, Gaspar Marcucci, Rita Williams, Juan Castillo, Bienvenida Araúz, Saida Romero e Irina Gutiérrez—legalizaron las aprehensiones y avalaron la formulación de imputación de cargos contra 24 ciudadanos, entre hombres y mujeres.

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En estas diligencias, los magistrados decretaron ocho detenciones provisionales, mientras que a dos de los imputados se les impusieron medidas cautelares, entre ellas: reportarse cada viernes en la Personería de Boquete, no salir del distrito y abstenerse de mantener contacto físico o tecnológico con dos de los condenados.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Edgar Tamayo, Estefanía González, Itzi Pittí, Ninfa González, Fergina Merel, Tania Muñoz, Estefanny González, David Montenegro, Guillermo Ibarra y Maydú Candanedo.

De acuerdo con las investigaciones, los procesos judiciales se originaron a partir de diligencias de compra controlada de droga realizadas entre julio y agosto de este año en los distritos de Barú y Boquete. Las autoridades revelaron que una de las personas vinculadas al caso presuntamente comercializaba sustancias ilícitas en las cercanías de planteles educativos, situación que incrementó la alerta en la región.

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