Ministra de Gobierno presentará denuncia contra el Municipio de Arraiján por cierre 'arbitrario' de Casas de Paz

Aunque la polémica gira en torno a las decisiones adoptadas en el distrito de Arraiján, la medida afecta a todas las casas comunitarias de paz del país.

Ministra Montalvo se refiere a la situación con las Casas Comunitarias de Paz de Arraiján

Panamá Oeste/Este miércoles 31 de diciembre, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se reunió con representantes, jueces de paz y la gobernadora del distrito de Arraiján para abordar el tema sobre la transición de la jurisdicción de la justicia comunitaria.

La polémica por este tema inició el martes 30 de diciembre en el Concejo Municipal de Arraiján cuando representantes de ese municipio indicaron que se les informó que los jueces de paz dejarían de estar bajo la tutela municipal, pese a que las Casas de Paz en Arraiján operan en locales alquilados por el municipio. De acuerdo con lo expuesto, al consultar sobre la posibilidad de reembolsos por alquileres y servicios ya pagados, la respuesta fue negativa, dado que el Ministerio de Gobierno realizará sus propias contrataciones sin asumir compromisos previos.

Producto de esta situación, se pudo conocer que la entidad prescindió de los servicios de los locales a partir de las 12:00 a.m. del 31 de diciembre, lo que ha sido calificado como un escenario urgente y preocupante. A ello se suma la incertidumbre sobre la reubicación del personal administrativo, dado que, según lo indicado por las autoridades, solo los jueces serán recibidos en la nueva estructura.

Al respecto, Montalvo indicó que desde hace un tiempo se estuvo trabajando en el proceso de transición de manera anticipada y coordinada con los alcaldes y los distintos municipios del país con el objetivo de que el cambio se realice de forma ordenada y sin afectar a los usuarios del sistema de justicia comunitaria.

En ese sentido, subrayó que existe una imprecisión en la información que ha circulado y desmintió declaraciones surgidas durante la sesión del Consejo de Arraiján, al recalcar que la justicia comunitaria "no se detiene y nadie la cierra". En el caso específico de Arraiján, afirmó que el servicio continuará funcionando, pese a los inconvenientes surgidos durante el proceso de transición.

"La justicia es ininterrumpida, pero más allá de eso, ¿qué le queremos comunicar también a la población? Que lo que se dijo el día de ayer, que precisamente en el municipio de Arraiján se cerraba la justicia comunitaria, eso es totalmente falso", afirmó.

Detalló que, sin explicación clara, se retiraron expedientes de las Casas de Paz sin que los jueces mantuvieran la custodia, a pesar de que días antes se había sostenido una reunión en la que se explicó que la transición debía realizarse de forma ordenada. Reiteró que lo único que cambia es la autoridad nominadora, ya que la justicia comunitaria deja de estar bajo los municipios y pasa al Ministerio de Gobierno, sin interrupción del servicio.

Debido a esta situación, aseguró que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por la forma "arbitraria" que operó la institución municipal.

"El tema de los expedientes que fueron sacados de estas casas sin permitir a los jueces que mantuviesen la custodia. En estos momentos, pues yo estoy caminando a la fiscalía para presentar la denuncia porque lamentablemente nosotros tenemos que salvaguardar el tema de esos expedientes donde incluso existen cadenas de custodia realizadas por temas que se han tomado que deben probar algo al futuro. Y si yo tengo que estar mañana primero de enero acompañando a los jueces de paz para que puedan hacer su actividad sin interrupciones que vayan en perjuicio de la ciudadanía, se va a dar. Yo voy a estar aquí con ellos", indicó.

Sobre el funcionamiento de las Casas de Paz, indicó que se están gestionando convenios con alcaldes y representantes de corregimiento a nivel nacional, conversaciones que —según afirmó— se han venido desarrollando desde hace meses con los 81 municipios del país, para garantizar espacios y continuidad en la atención a la ciudadanía.

"Llegó el día, llegó el primero de enero del 2026, hay que hacer los cambios, pero a la ciudadanía no se le va a dejar sin la atención", afirmó.

En cuanto a los jueces de paz, explicó que no es posible darles continuidad automática debido a un vacío procedimental, por lo que se realizarán nombramientos interinos, mientras se cumple con el concurso público que exige la ley, previsto para los meses de abril o mayo de 2026.

Añadió que el objetivo institucional es lograr cobertura en los 701 corregimientos del país durante 2026, como parte del compromiso de garantizar el acceso a la justicia comunitaria.

Subrayó que, conforme a la ley, ningún juez puede retirarse de su cargo hasta que llegue su reemplazo, por lo que los actuales jueces de paz se mantendrán en funciones durante el proceso de transición. Precisó que, aunque los nombramientos se harán desde cero bajo el Ministerio de Gobierno, el servicio no se suspenderá.

"Ningún juez puede retirarse, ningún funcionario puede retirarse de su cargo hasta que no llegue su reemplazo y, en este caso, hasta que nosotros no podamos tener legitimado ese nombramiento. ¿Cuánto tiempo nos va a tocar? En algunos casos va a ocurrir el 2 de enero, en otros de repente me voy a ir hasta el 15 de enero, pero los jueces se mantienen", enfatizó.

El retiro irregular de expedientes que forman parte de procesos con cadena de custodia, situación que —dijo— debe ser investigada, ya que su deber como funcionaria es denunciar cualquier hecho que pueda constituir un delito, y salvaguardar la responsabilidad de los jueces de paz, quienes tenían la competencia legal para custodiar dichos expedientes y desconocen actualmente su paradero.

"Los jueces de paz del Municipio de Arraiján, que eran quienes tenían la competencia y la capacidad para mantener la custodia de estos expedientes y les fueron arrebatados y ellos ni siquiera saben dónde están. Eso no se puede hacer. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad", puntualizó.

Señaló que representantes de corregimiento han facilitado espacios para garantizar la atención a la población, y aseguró que el Ministerio de Gobierno, los jueces de paz y las autoridades locales continuarán trabajando de manera coordinada para que la justicia comunitaria siga beneficiando a la comunidad sin interrupciones.

Luz Denia Oliver, presidenta del Consejo Municipal de Arraiján, quien ayer expresó su preocupación, dijo que la situación fue aclarada, y que no se trataba de una decisión que dejaría al distrito sin orden como "en el viejo oeste".

En tanto, Alex Córdoba, juez de paz de Cerro Silvestre y Vista Alegre, explicó que en la reunión de hoy se les informó sobre la dinámica de transición que implicaba en primera instancia que se mantengan en sus puestos a la espera de reemplazo hasta que se realicen los nuevos nombramientos, ya que la ley no implica una continuidad de la relación laboral.

"A pesar de que se nos desvinculó del Municipio, estamos aquí prestando el servicio", indicó Córdoba.

Aunque la polémica gira en torno a las decisiones adoptadas en el distrito de Arraiján, situaciones similares se registran en todo el país.

Y es que la Ley 467 de 2025, que subroga la Ley 16 de 2016, establece que la justicia comunitaria de paz deja de estar bajo la responsabilidad de los municipios y pasa al Ministerio de Gobierno a partir del 1 de enero de 2026.

En un comunicado, la institución aclaró que, desde esa fecha, las Casas de Justicia Comunitaria dejarán de funcionar bajo jurisdicción municipal, por lo que deberán aplicarse los mecanismos legales para la finalización de las relaciones laborales del personal que labora en estas instancias a nivel nacional.

La entidad detalló que la organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de justicia comunitaria será asumida de manera progresiva, y que los funcionarios que no hayan sido reemplazados deberán continuar en funciones, conforme al artículo 793 del Código Administrativo, hasta que se nombre a sus sustitutos.

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