Ley para hacer público el registro de ofensores sexuales aprobada, pero la plataforma de consulta sigue siendo una incógnita

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 176, que modifica la Ley 244 de 2021 para hacer público el registro de ofensores sexuales en Panamá. La medida, que solo espera la sanción presidencial para convertirse en ley, fue debatida en el programa Radar por expertos, quienes la consideran una "deuda" histórica y un mecanismo esencial para la protección de la niñez y la adolescencia.

El carácter público: Una herramienta de prevención ciudadana

La diputada Paulette Thomas, proponente del proyecto, destacó que el cambio más relevante es que "finalmente los ciudadanos vamos a tener a nuestra disposición la información". La diputada usó un caso de alto perfil para justificar la necesidad de esta herramienta.

"Si los familiares de Aderlyn hubieran tenido a su disposición esta posibilidad, este listado, tal vez Aderlyn estaría con nosotros todavía. Porque este señor tenía, ya tenía casos de índole sexual, solamente que nadie lo sabía", acotó.

La ley permitirá el acceso a esta información por medio de una aplicación, permitiendo a los ciudadanos "tomar las previsiones del caso". Thomas enfatizó que el registro solo incluirá a personas que "han sido halladas culpables y que tienen una sentencia ejecutoriada", desestimando el riesgo de un mal uso.

La abogada Zuky Yard coincidió en que la ley representa un "gran avance en materia de prevención". Subrayó la obligación del Estado panameño, como signatario de convenios internacionales, de proteger a la niñez.

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"El hecho de que en este momento, finalmente, hayamos logrado una modificación... no cumplía con el requisito fundamental, que es un requisito que nosotros como país tenemos que abocarnos a él, que es la prevención".

Yard citó un informe de UNICEF de 2024 que revela que siete de cada diez casos de violencia sexual corresponden a niños o niñas, y de estos, nueve de cada diez son niñas y adolescentes, lo que refuerza la urgencia de la medida.

A pesar del optimismo por la aprobación de la ley, una preocupación central compartida por los intervinientes es la incertidumbre sobre la existencia y operatividad de la plataforma digital para consultar el Registro de Ofensores Sexuales. La abogada Zuky Yard planteó directamente el interrogante, señalando que "el listado existe, pero ahora la pregunta es, ¿existe ya la plataforma que en teoría debe manejar la DIJ? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cómo hemos avanzado?". Esta falta de claridad sobre la herramienta tecnológica esencial para la consulta pública, tal como fue prometida, genera inquietud sobre cómo la ciudadanía podrá hacer uso efectivo de la ley de prevención.

¿Quiénes integrarán el registro y por cuánto tiempo?

Los invitados aclararon quiénes serán incluidos en la lista, la cual engloba no solo violación, sino un amplio espectro de crímenes sexuales.

"Las personas son, las que reitero, en una audiencia de validación de acuerdo de pena, dijeron como requisito: 'Yo cometí el delito'. O en juicio oral, ante un tribunal de juicio, se determina que la persona es responsable penalmente y ha sido condenada. Esa es la persona que va a estar dentro de ese listado", sostuvo la abogada.

El registro no incluye a personas en etapa de investigación o imputación.

Respecto a la permanencia en la lista, la Ley 244 ya establece un tiempo de estipulación que se calcula a partir del cumplimiento de la pena:

• Agresión a adultos: El doble de la pena cumplida.
• Agresión a menores de edad: El triple de la pena cumplida.

La diputada Thomas señaló la obligatoriedad para los ofensores de actualizar su información.

"Las personas que están en ese listado cada seis meses, bajo la gravedad de juramento, tienen que indicar si siguen viviendo en el mismo lugar, si siguen trabajando en el mismo lugar y toda una serie de informaciones", explicó la diputada.

La dualidad de la herramienta: Beneficios e ineficiencia estatal

Julio Alonso, de la Asociación de Profesionales de Investigación Criminal y Ciencia Forense, destacó que la herramienta es valiosa para que la comunidad pueda verificar si una persona sospechosa "tiene un pasado" y protegerse, pero cuestionó la capacidad operativa del Estado.

"Esa herramienta a nivel policial ayuda mucho, porque también da pisos de poder tener información y poder relacionar a una persona que haya sido investigada o que haya sido reincidente", indicó Alonso.

Sin embargo, inquirió si la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público (MP) tienen la capacidad y la voluntad para llevar a cabo el seguimiento necesario, mencionando la falta de actualización del ADN y el personal especializado.

"¿Está debidamente registrado? O sea, deberíamos investigarlo, porque no solamente la herramienta... Yo sé que el ADN, esa situación de ley, se menciona mucho en la ley, pero al final, cuando se van a ejecutar las plataformas, el dinero y todo lo demás, y los recursos, y la capacitación, entonces fallamos", agregó el profesional.

Los panelistas coincidieron en que el problema de fondo es la "ausencia del Estado" y la falta de voluntad política para fortalecer al Ministerio Público y a la DIJ, que carecen de recursos como psiquiatras y psicólogos forenses suficientes.

El aumento de crímenes y el factor cultural

El debate también abordó el aumento de los delitos sexuales en el país, con mención específica a la provincia de Veraguas y a las comarcas, donde se registran altos índices de agresiones sexuales.

Hay una complicidad por parte del Estado panameño, son las comarcas Bocas del Toro. Todo el sector de las personas originarias es donde mayor repunta incidentes en materia de agresiones sexuales", Zuky Yard.

La diputada Thomas rechazó el argumento cultural utilizado en algunos casos de las comarcas.

"Eso no puede ser cultural, señores. No puede ser cultural que un abuelo viole y embarace a su nieta... No. Aquí somos todos miembros de un país y tenemos que regirnos por las mismas leyes todos, por Dios", puntualizó Thomas.

Finalmente, la diputada llamó a la ciudadanía a utilizar la herramienta "con la responsabilidad que requiere" y a unirse para formar una "muralla" de protección para el presente y futuro de Panamá.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.