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Meduca, Defensoría del Pueblo y Senniaf denuncian manipulación de menores en actos de protestas
La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que menores de 17 años de edad están participando en protestas.
Panamá/Tres instituciones del Estado: el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y la Defensoría del Pueblo advirtieron este lunes que la utilización de estudiantes en actividades políticas y manifestaciones es ilegal y tiene consecuencias.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que menores de 17 años de edad están participando en protestas. En ese sentido, fue tajante, al indicar que “utilizar los estudiantes de esta manera es ilegal y tiene consecuencias”.
Nos reunimos en las tres instituciones por la preocupación ante una serie de hechos que se han venido dando y que vulneran los derechos de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, pero también ponen en peligro su integridad”, expresó Molinar al iniciar la conferencia.
La ministra se refirió a un hecho que ha causado indignación pública en el que supuestamente docentes utilizan a estudiantes como escudos para mantener viva la huelga docente. “Creo que para nadie es un misterio el video de un niño que fue usado para leer una proclama, un niño además discapacitado, cosa que lo hace más grave.”
Añadió que también han recibido denuncias directas de padres de familia. “Hace un ratito nos llamaron padres de familia a un centro educativo que decían ‘a mi hija le dijeron que no se podía salir de la marcha porque iban a poner uno'”.
Molinar advirtió que estos hechos serán investigados y sancionados. “Nosotros como institución tenemos la obligación de interponer las denuncias correspondientes ante los organismos correspondientes porque no se puede utilizar al estudiante como escudo para causas particulares", cuestionando que se utilicen a menores de edad en estos temas.
Fue enfática al indicar que “queremos hacer un llamado nuevamente a volver a la normalidad, que se respete el debido proceso. Por la fuerza no se fuerza la ley. [...] Por la fuerza no se tiene la razón. Se gana cumpliendo el proceso debido en las instancias debidas”.
Seguidamente, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, también manifestó su preocupación, señalando que “para nosotros es muy preocupante las imágenes que salieron la semana pasada donde se utilizaba niños en actos a leer información que lo más probable no sabía ni qué estaba exactamente leyendo.”
Es un llamado a los padres de familia, a los miembros de la comunidad educativa, a que, si vamos a crear, vamos a crear conciencia, vamos a crear pensamientos críticos, debates, exposiciones. Pero no podemos bajo ningún criterio manipular la conciencia”.
Leblanc recordó que este tipo de manipulación ya ha ocurrido en el pasado. “Ya nos ocurrió años anteriores cuando el tema de la mina, donde se le daba bullying a hijos de personas que trabajaban en la mina. Estos son algunas cosas que pueden estar ocurriendo silenciosamente y que a los niños les esté preocupando”.
Por su parte, Ana Fábrega, directora de Senniaf, explicó que las tres entidades comparten una función clave: “En unión, en conjunto con el Meduca y la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, somos instituciones que nuestro rol fundamental es garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Fábrega detalló lo que establece la Ley 285 de febrero de 2022, entre ellos, planteó que “está establecido en esta ley como deberes de los padres [...] los padres tienen el deber, la obligación de enviar a sus hijos al ente educativo, al colegio, al centro educativo.” Y advirtió: “Impulsar el cierre de las escuelas o impedir el acceso es una manera de vulnerar derechos de los niños. Esto no se puede hacer. Esto recae en consecuencias futuramente".
Recalcó que el derecho a la educación es irrenunciable: “Privar a los niños de este derecho acarrea a su vez las consecuencias.”
Hizo hincapié en la responsabilidad de los docentes: “Los docentes o directores de los centros educativos [...] tienen que solicitar inclusive medidas de protección [...] cuando están anuentes de una vulneración de derecho".
Las tres autoridades coincidieron en que estas prácticas son inaceptables y que tomarán medidas para garantizar que los estudiantes no sean utilizados como instrumentos en conflictos externos a su proceso formativo.
