Presidenta de la Corte Suprema habla sobre la justicia en medio de presiones

En esta entrevista, la máxima autoridad de justicia también se refirió a los pendientes en el caso Odebrecht, las investigaciones contra los diputados de la Asamblea Nacional y también a los nombramientos de los que buscan ser nuevos magistrados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, conversó en exclusiva con TVN Noticias para referirse a diversos temas de interés nacional, en los que tiene competencia esta institución. La demanda de inconstitucionalidad presentada contra el contrato de concesión de Panama Ports Company, la investigación por la bala que impactó en su oficina y el aumento de salario a los magistrados de la Corte fueron algunos de los temas abordados por López Arias.

El 'llamado de atención'

La presidenta de la CSP calificó el disparo que se realizó en la ventana de su despacho como una situación “inédita” que no representa una amenaza directa. No obstante, a su juicio, la interpretación de este hecho es un “llamado de atención” por las decisiones que toma desde su cargo.

En este orden de ideas, López Arias dejó claro que una de sus fortalezas es “no temer” porque sabe que está haciendo lo correcto, y así lo seguirá haciendo como lo ha hecho en sus 35 años de carrera “sin mirar nombres” y basándose en los hechos.

Detalló que aquella tarde del 31 de enero, luego de este incidente, se activaron todos los estamentos de seguridad, y el procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, estuvo en el lugar hasta pasadas las 5:00 p.m., dirigiendo las investigaciones.

De momento, la investigación sigue su curso, no se han reportado aprehensiones ni existen sospechosos, pero se sigue analizando la evidencia de criminalística y balística.

Una amenaza directamente no, pero también se pudiera interpretar como un llamado de atención o un 'ponga cuidado, magistrada, por lo que está haciendo', no lo sé”, expresó.

Lea más sobre este hecho aquí: Disparan contra oficina de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia López

Demanda contra operación de PPC en medio de las advertencias de Estados Unidos

Sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 1 de la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, “Por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company S.A, para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal”, indicó que la Corte Suprema de Justicia ha demostrado que está preparada para atender este tipo de situaciones, y este caso se desarrollará examinando los hechos y aplicando el derecho, a pesar de las presiones externas que han aumentado en las últimas semanas con las acusaciones del presidente Donald Trump sobre la presencia china en la zona del Canal.

Y es que la demanda contra el contrato de Hutchison Ports PPC (Panama Ports Company) se presenta en un contexto en el que Estados Unidos acusa a China de controlar el canal de Panamá y ampliar su expansión en esta ruta marítima. Esto, bajo el hecho de que PPC es miembro del Grupo Hutchison Ports, una filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings Limited, cuya oficina central se encuentra en Hong Kong, China.

Hemos demostrado que las presiones no nos llevan a tomar decisiones que no estén de acuerdo a la ley. Por lo tanto, cualquier presión que sea externa, estoy segura que no nos va a llevar a tomar una decisión que sea distinta a la que corresponda”, expresó la magistrada presidenta.

Al mismo tiempo explicó que el Código Judicial establece que cada caso se desarrolla en orden, y pasan a los despachos de los magistrados de manera aleatoria. Por ejemplo, indicó que existen 10 procesos que ya están en curso, e ingresa uno hoy, no se debe atender ese que ingresó hoy y parar los que ya estaban en curso, ya que eso no es lo correcto, ni lo que establece la ley.

Aumento de los magistrados tiene 'sustento'

Luego que se conociera sobre el aumento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 4,000 dólares mensuales, quedando en 14,000 dólares, en un momento en el que el Órgano Ejecutivo habla de contención del gasto, situación que no fue tomada como una contradicción por parte de la sociedad, la presidenta de la CSJ aseguró que esa decisión se basó en un sustento técnico.

Con documento en mano, aclaró que se realizó un análisis a nivel de la región, y se utilizaron bases de datos del Banco Mundial y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), donde se establece cómo es y cuál es el salario de los magistrados de la Corte en la región.

El documento presentado en la entrevista establece que:

En Colombia, el salario de los magistrados es 15,000 dólares; en México, 18,500; Costa Rica, 16,000; Argentina, 12,000; Panamá, 10,000 [6,000 de salario y 4,000 de gastos de representación] Chile, 13,000; y en República Dominicana, 13,688.50.

De acuerdo con la magistrada, durante 30 años el salario de los magistrados no fue revisado.

Además, aclaró que esta decisión no se aprobó cuando se anunció la contención del gasto, sino que el proceso se inició en febrero de 2024, pasó por todos los canales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se incluyó en el presupuesto para el año 2025, lo que significa que no sería necesario un traslado de partida. En su momento, se contempló que el aumento se reflejaría a partir de enero de 2025.

Ante la negativa de la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Anel Flores, quien dijo que no refrendó el aumento, la magistrada indicó que ya se “insistió” y el aumento debería ser refrendado, ya que así lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría, situación que fue reconocida por el contralor Flores.

También aclaró que este aumento representa menos del 1% del presupuesto de la institución, y solo representa un 40% de incremento en los 30 años en los que no ha sido revisado este salario.

Argumentó que no está de acuerdo en que el aumento salarial se extienda a los magistrados del Tribunal Electoral y el Tribunal de Cuentas, porque esas funciones no son homólogas a las que ejerce el Órgano de Justicia.

Caso New Business

López Arias también se refirió al caso New Business, en el cual hizo un llamado a los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, quienes han presentado múltiples recursos que ya han agotado al sistema.

Según detalló la magistrada presidenta, se han interpuesto 22 amparos de garantías constitucionales, contra el auto, contra la sentencia y contra otras situaciones más.

Los abogados tienen que entender que una cosa es el ejercicio del derecho a la defensa, una defensa correcta, pero que no debe ir más allá hasta el punto de desgastar el sistema judicial, porque al final la ciudadanía dice que el juez no resuelve, pero es que el juez no puede avanzar", indicó López Arias.

Los momentos de crisis de la CSJ y el rol de las instituciones

Precisamente fueron los temas del contrato minero y la crisis preelectoral con la candidatura presidencial del partido Realizando Metas los que ejercieron una fuerte presión sobre el sistema judicial, y la paz social pendió de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, María Eugenia López Arias dijo entre líneas que ni la Asamblea Nacional [en el caso del contrato minero], ni el Tribunal Electoral [en la candidatura presidencial de Realizando Metas] jugaron el rol que les correspondía, porque si lo hubiesen hecho, las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron luego contra las decisiones de estas instancias, no hubiesen procedido.

Cuando las instituciones juegan el rol que le corresponde, es probable que no se produzcan o no haya la necesidad de interponer esas demandas de inconstitucionalidad”, destacó López Arias.

Desde su punto de vista, “si el Tribunal Electoral hubiese hecho lo que le correspondía en su momento, muy probablemente esa demanda [de la candidatura] no hubiera venido acá”.

El mismo ejemplo lo aplicó a la Asamblea y a todos los intervinientes en la elaboración del contrato minero, que de haber hecho lo correcto, dijo López Arias, la demanda tampoco hubiese llegado a la CSJ, porque si ya había un fallo de la Corte que decía que el contrato era ilegal, se debió corregir el procedimiento que se iba a utilizar, porque la Constitución prevé la minería, pero tiene que hacerse dentro de la ley, señaló.

Para la presidenta de la CSJ, ambos casos dejan la enseñanza de que siempre se debe actuar “de acuerdo a los procedimientos que están en la ley”, y con ello se evitarían mayores problemas.

En esta entrevista, la máxima autoridad de justicia también se refirió a los pendientes en el caso Odebrecht, el retraso de las asistencias judiciales, las investigaciones contra los diputados de la Asamblea Nacional y también a los nombramientos de los que buscan ser nuevos magistrados del Tribunal de Cuentas.

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