Ministra de Gobierno anuncia que defenderá proyecto que sanciona uso de máscaras en manifestaciones

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, adelantó que defenderá ante el país y la Asamblea Nacional de Panamá el proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas durante manifestaciones cuando se utilicen con fines de violencia o intimidación.

La propuesta, identificada como proyecto de ley 826, propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal para establecer penas de prisión a quienes oculten su rostro durante protestas con el propósito de provocar disturbios o incitar delitos.

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Montalvo explicó que la propuesta busca precisar el alcance de la norma vigente, la cual considera demasiado amplia y susceptible de interpretaciones discrecionales. “Ahorita mismo es muy genérico, muy abierto, da paso a la discrecionalidad, someter a personas que se manifiestan pacíficamente a una actividad de un proceso que se les abra por un mero señalamiento, porque no se pueden identificar”.

De acuerdo con la ministra, la modificación permitiría identificar con mayor claridad cuándo se configura el delito y actuar en el momento en que ocurre. “Cuando llevas un proyecto de ley que modifica ese artículo y te da exactamente cómo se manifiesta el tipo penal en un momento determinado, va a permitir que nosotros tengamos herramientas para poder individualizar a la persona porque es un delito prácticamente de hecho, de flagrancia que se da en el acto y tiene que ser la persona tomada en ese acto”.

La titular de Gobierno dejó claro que respaldará la iniciativa durante su discusión.

Es un proyecto que sí le digo al país lo voy a defender porque son precisamente las poblaciones más vulnerables, que son las que generalmente salen a manifestarse sin ocultar, porque las personas que realmente van a defender sus derechos no se ocultan”, dijo.

La propuesta de ley contempla penas de dos a cuatro años de prisión para quienes utilicen capuchas, pasamontañas o cualquier medio destinado a ocultar total o parcialmente el rostro durante manifestaciones con el propósito de provocar actos de violencia, intimidación u odio. Si esa conducta facilita o encubre delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena podría aumentar de cuatro a seis años de prisión.

La semana pasada el Consejo de Gabinete de Panamá autorizó a la ministra a presentar la propuesta ante la Asamblea Nacional. Montalvo indicó que el documento podría ser presentado mañana viernes en horas de la tarde o, de lo contrario, durante la próxima semana.

Actualmente, el artículo 169 del Código Penal establece sanciones de uno a tres años de prisión para quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita, pena que aumenta de dos a cuatro años cuando la conducta es cometida por un servidor público.

Con información de Hellen Concepción.