'Es indispensable poner orden': Ministra de Gobierno plantea necesidad urgente de reformar el sistema de transporte

Ciudad de Panamá/La falta de un sistema de transporte público eficiente y seguro mantiene a miles de panameños de Panamá Oeste, Norte y Este enfrentando largas jornadas, riesgos y el uso de servicios informales sin regulación, como los denominados “piratas” o “ferrys”, que en muchos casos no cumplen con medidas básicas de seguridad ante posibles accidentes.

Esta realidad quedó aún más expuesta tras la explosión de cisternas que provocó el cierre preventivo del puente de las Américas, situación que evidenció el calvario de los residentes de Panamá Oeste, quienes enfrentan extensos tranques y un marcado déficit en su movilidad, especialmente aquellos que no cuentan con un vehículo propio.

En este contexto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, señaló la urgencia de modernizar y ordenar el sistema de transporte en el país. La funcionaria planteó la necesidad de iniciar negociaciones a través de una mesa de transporte que permita impulsar soluciones integrales, mejorar la movilidad y garantizar condiciones seguras para los usuarios que diariamente dependen de estas alternativas para trasladarse a sus hogares, citas médicas, escuelas o trabajos.

Reconoció que, aunque se trata de un problema complejo, es "indispensable".

"Nos tienen en una situación que lamentablemente, pues al momento que se va a poner orden, va a traer de alguna manera resistencia, pero ya es indispensable", subrayó.

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La ministra explicó que el sistema actual presenta múltiples distorsiones acumuladas durante años, desde la proliferación de transporte informal hasta vacíos legales que impiden un control efectivo del servicio.

Según detalló, el crecimiento desordenado de opciones como los llamados “piratas”, plataformas y rutas improvisadas ha derivado en un escenario donde muchas operaciones escapan de la supervisión de las autoridades.

“No son personas que están capacitadas para prestar un servicio de transporte colectivo”. No sé quién está dentro de ese transporte, señaló.

Advirtió además que este tipo de transporte representa un riesgo para los usuarios, ya que no existen garantías sobre quién opera los vehículos ni sobre las condiciones en que se presta el servicio.

Ante este panorama, Montalvo sostuvo que es necesario reformar la ley vigente, la cual considera desactualizada y llena de “parches” que no responden a la realidad actual del país.

“Tenemos sí o sí que empezar con la reforma del sector transporte con ellos en la mesa”. — Ministra de Gobierno - Dinoska Montalvo

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La propuesta del Ejecutivo apunta a establecer una mesa de diálogo con todos los actores involucrados, incluyendo transportistas y usuarios, con el objetivo de construir una normativa integral que permita ordenar el sistema sin afectar los medios de subsistencia de quienes dependen de esta actividad.

Uno de los principales obstáculos identificados por la ministra son las concesiones vigentes, que limitan la expansión de sistemas como el metrobús hacia zonas con alta demanda, como Panamá Oeste, pero también otras áreas de la ciudad capital.

Explicó que estas restricciones han impedido implementar soluciones más amplias, pese al crecimiento poblacional y al aumento de la demanda en sectores como La Chorrera y Arraiján.

En medio de estas limitaciones, miles de ciudadanos han optado por alternativas informales como vehículos particulares, busitos o “ferrys”, pagando tarifas variables y asumiendo riesgos con tal de reducir sus tiempos de traslado.

La ministra reconoció que esta realidad responde a una necesidad urgente de movilidad que el sistema formal no ha logrado cubrir, lo que ha llevado a la normalización de prácticas irregulares. Uno de los puntos ya identificados por el Gobierno es precisamente la 5 de Mayo, donde las filas de usuarios de Panamá Oeste que buscan acceder a un transporte informal son interminables.

Aunque dijo entender al usuario, Montalvo subrayó la necesidad de reformar el sistema y también vinculó la crisis del transporte con fallas estructurales en la gestión pública, incluyendo debilidades en la contratación estatal y en la regulación de concesiones.

"Tenemos que atender a la población, hay que sentarse, entender y tener esa conversación", enfatizó.

Explosión de cisterna en La Boca

En otro punto, la ministra también se refirió a la concesión de Panamá Oil Terminals, S.A. (Potsa), empresa que quedó bajo la lupa tras la explosión que se registró en un área que forma parte de la concesión.

De acuerdo con Montalvo, el caso pone en evidencia debilidades en el modelo actual de contratación pública.

Explicó que, bajo el esquema vigente, muchas concesiones otorgan amplios derechos a las empresas, incluyendo la posibilidad de subcontratar, lo que limita la capacidad de fiscalización directa del Estado sobre quienes realmente ejecutan las operaciones.

En ese sentido, advirtió que el marco legal actual dificulta la intervención oportuna ante incumplimientos, lo que obliga a replantear las reglas del juego.

"Cuando tú subcontratas, entonces esa persona no está relacionada con el Estado y el Estado no puede intervenir. Entonces, vamos a revisar todo eso", afirmó.

Para Montalvo, se deben establecer mecanismos que prioricen la responsabilidad, el mantenimiento y la supervisión efectiva en este tipo de contratos, para evitar que situaciones como la ocurrida vuelvan a repetirse.

Y es que, de acuerdo con el comunicado oficial de Potsa, el accidente se dio en instalaciones utilizadas por la empresa Environmental Solutions Development Inc., con la cual Potsa mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas.

Mientras tanto, las investigaciones por este siniestro que cobró la vida de un trabajador nicaragüense continúan para esclarecer las responsabilidades penales.

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