Mulino preocupado por medidas cautelares para delincuentes peligrosos; pide más dureza al sistema judicial

Ciudad de panamá/El presidente José Raúl Mulino volvió a expresar preocupación por el manejo judicial de personas vinculadas a delitos violentos y aseguró que el Ejecutivo ya sostiene conversaciones directas con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para buscar correctivos dentro del sistema penal acusatorio.

Durante su conferencia semanal, Mulino reveló que ha encabezado al menos dos reuniones entre representantes del Ejecutivo, la Procuraduría y magistrados de la Corte con el objetivo de abordar, “de forma armónica e institucional”, lo que considera una falla recurrente en la aplicación de medidas cautelares a personas consideradas peligrosas.

“El problema preocupa a todos”, afirmó el mandatario, al señalar que muchos de los imputados que comparecen ante jueces de garantías son individuos que han cometido delitos violentos y representan una amenaza para la sociedad.

Mulino cuestionó que algunos de estos casos terminen con medidas como arresto domiciliario o casa por cárcel, comparando el tratamiento judicial con el que se le daría a “un carterista común y corriente”. Según dijo, esto termina enviando un mensaje equivocado tanto a la ciudadanía como a los estamentos de seguridad.

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El presidente también hizo referencia a recientes operativos policiales en los que, según explicó, se detectó que personas bajo arresto domiciliario continúan circulando libremente pese al uso de brazaletes electrónicos.

“Ojalá eso se implemente pronto”, sostuvo Mulino al referirse a posibles cambios o ajustes en el sistema, asegurando que la situación genera frustración entre las unidades policiales y de investigación que participan en la captura de delincuentes.

“Ponen el pecho todos los días para ir detrás de esta gente y, por otro lado, los sueltan con criterios un poco anodinos”, manifestó.

Las declaraciones del mandatario reabren el debate sobre la efectividad de las medidas cautelares en Panamá y el equilibrio entre las garantías procesales y la seguridad ciudadana.

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