Municipio de San Miguelito advierte retrasos en servicios tras nueva resolución de la Contraloría

San Miguelito/La reciente decisión de la Contraloría General de la República encendió las alertas en el Municipio de San Miguelito. Para las autoridades locales, la medida no es un simple ajuste administrativo: impacta directamente el funcionamiento diario de la alcaldía y de las juntas comunales, y podría traducirse en demoras prolongadas en la atención a la comunidad.

Así lo explicó Claudio Francis, director de Asesoría Legal del Municipio de San Miguelito, al referirse a la Resolución No. 150-DNFG, publicada ayer en la Gaceta Oficial. El documento autoriza la delegación de refrendo a servidores públicos de la Dirección Nacional de Fiscalización General, específicamente a coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización en ese municipio.

La resolución, firmada por el contralor general Anel Flores y fechada el 16 de enero de 2026, modifica el artículo quinto de la Resolución No. 1703-DNFG del 19 de mayo de 2025. Con este cambio, los funcionarios delegados solo podrán refrendar actos relacionados con fondos públicos del Municipio de San Miguelito hasta un monto máximo de mil dólares, siempre que se ajusten a las disposiciones legales vigentes.

Puede leer: Contraloría autoriza nuevo esquema de refrendo en San Miguelito en plena polémica por la basura

Francis advirtió que la medida afecta de forma directa la operatividad del municipio. “Todas las compras y todos los actos que tengan algún tipo de erogación por encima de los mil balboas van a tener que ser fiscalizados de forma centralizada en la sede de la Contraloría”, explicó, subrayando que esto ralentiza los servicios que se prestan a la comunidad.

Antes de esta resolución, el esquema era distinto. Dentro del propio municipio operaba una oficina de fiscalización de la Contraloría que refrendaba actos hasta un tope de 49,999 dólares. Solo cuando se superaban los 50 mil dólares, los trámites debían enviarse a la sede central. Con la nueva normativa, cualquier compra o acto que supere los mil dólares deberá pasar por la Contraloría Central.

“Esto definitivamente afecta el servicio que prestamos hacia la comunidad”, insistió el funcionario, al señalar que procesos cotidianos, como la compra de insumos básicos, ahora enfrentarán mayores obstáculos administrativos.

Sobre los tiempos de respuesta, Francis fue claro: la incertidumbre es alta. Mientras que antes los trámites fiscalizados dentro del municipio podían resolverse en una o dos semanas, ahora el panorama cambia radicalmente.

“Los tiempos que maneja la Contraloría en su sede central son inciertos, porque allí se centralizan todos los contratos y actuaciones del Estado. Estamos hablando de meses, quizás”, advirtió el funcionario.

El impacto también se extendería a la planilla municipal. Según explicó, anteriormente la documentación se fiscalizaba dentro de la propia sede del municipio. Con la nueva disposición, estos trámites deberán remitirse a la Contraloría Central, lo que podría retrasar aún más un procedimiento que ya es complejo y tedioso.

Esta resolución se da pocos días después de la polémica pública entre el contralor Anel Flores y la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, a raíz de la decisión de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumiera la recolección de desechos en el distrito hasta nuevo aviso.

En medio de ese conflicto, la alcaldesa Hernández denunció haber recibido una llamada del contralor solicitando una reunión con la dueña de la empresa Revisalud. Las declaraciones fueron confirmadas por Flores, quien afirmó que actuó únicamente como intermediario.

Con información de Nicanor Alvarado.