Tras opiniones a favor y en contra, proyecto de ley que amplía beneficios a jubilados queda en manos del Ejecutivo

Ciudad de Panamá/El Proyecto de Ley 226, que amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y ahora está a la espera de la decisión del Órgano Ejecutivo.

”El Proyecto de Ley 226 qué esperamos primero Dios el Beto total del señor presidente, ya que es una ley que afecta no sólo a las farmacias, sino a muchos otros gremios”, indicó Orlando Pérez, Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.

Mientras los jubilados y defensores de la iniciativa esperan que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancione la propuesta como una medida de justicia social, representantes del sector privado han solicitado el veto total del proyecto.

”Analicen el proyecto que sabemos que cumple con todo sanciona la ley y haga parte de esa justicia social”, manifestó Guillermo Cortés, Movimiento Mundos de Jubilados.

De acuerdo con sus promotores, la iniciativa busca actualizar los porcentajes de una serie de descuentos y beneficios aplicables a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en la adquisición de bienes y servicios.

Uno de los cambios que genera mayor debate corresponde al descuento en medicamentos, que pasaría del 20% al 30%. Dueños de pequeñas farmacias han advertido que este incremento podría representar un impacto significativo para sus negocios, particularmente en sus costos y niveles de rentabilidad.

”Automáticamente afecta totalmente la economía no de las farmacias sino del país porque cuando se da un descuento, los sectores comerciales tienen que buscar dónde sacar ese descuento porque los descuentos son parte del flujo de caja diario”, aseveró Pérez.

El proyecto también establece que los descuentos y concesiones contemplados en la ley podrán ser deducidos en un 100% como crédito fiscal del impuesto sobre la renta. Además, estos créditos fiscales podrían ser transferidos mediante cesión.

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Mientras los jubilados consideran que la ampliación de los beneficios contribuiría a aliviar el impacto del costo de vida sobre este sector de la población, desde el sector privado se han expresado preocupaciones sobre las consecuencias económicas que tendría la aplicación de las nuevas disposiciones.

El debate también ha generado planteamientos sobre la necesidad de implementar políticas públicas de mayor alcance para atender las dificultades económicas que enfrentan los pensionados y adultos mayores.

Entre las propuestas se plantea mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados de acuerdo con el costo de vida, así como impulsar la producción agroalimentaria para favorecer una reducción de los precios de los alimentos y mejorar el poder adquisitivo de este sector.

Con la aprobación en tercer debate, el Proyecto de Ley 226 queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona, lo objeta total o parcialmente o adopta alguna otra de las opciones que contempla el procedimiento legislativo.

Con información de Luis Jiménez