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Panamá gestionará más de $2,500 millones en financiamiento para sostener presupuestos del Estado
El préstamo de $500 millones con el BIRF, denominado “Primer Préstamo de Política de Gestión Fiscal y Desarrollo de Crecimiento en Panamá”, tiene un plazo de 25 años.
El Consejo de Gabinete de la República de Panamá aprobó el Decreto Nº 41 del 23 de diciembre de 2025, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a suscribir una serie de préstamos y estructuras de financiamiento con organismos internacionales y banca comercial por un monto total que supera los 2,500 millones de dólares. Estos recursos estarán destinados a financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado correspondiente al año fiscal 2026 y a reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas en vigencias futuras.
La decisión se enmarca en la necesidad del Estado de garantizar liquidez y capacidad de inversión en un contexto de crecientes compromisos presupuestarios. El decreto contempla tres operaciones principales: un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $500 millones, un Programa Basado en Garantía (PBG) del mismo organismo por $600 millones, y una estructura de financiamiento con entidades financieras internacionales que podría alcanzar hasta $1,400 millones, respaldada por garantías del BIRF y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En conjunto, estas operaciones buscan fortalecer la capacidad del país para atender sus obligaciones y mantener la estabilidad fiscal.
El préstamo de $500 millones con el BIRF, denominado “Primer Préstamo de Política de Gestión Fiscal y Desarrollo de Crecimiento en Panamá”, tiene un plazo de 25 años, con un periodo de desembolso hasta el 31 de diciembre de 2026, y se amortizará en 46 cuotas semestrales que comenzarán a pagarse el 15 de junio de 2028 y finalizarán el 15 de diciembre de 2050, según detalla el decreto publicado en Gaceta N° 30435, de hoy.
La tasa de interés estará referenciada al SOFR de seis meses más un margen variable, y se establecen además una comisión inicial del 0.25% del monto del préstamo, pagadera una sola vez, y una comisión de compromiso del 0.25% anual sobre el monto pendiente de desembolso. La unidad ejecutora será el Ministerio de Economía y Finanzas, que tendrá la responsabilidad de administrar este crédito destinado a apoyar el Presupuesto General del Estado de 2026 y fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.
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El Programa Basado en Garantía permitirá al país acceder a condiciones más favorables en la contratación de deuda, al contar con el respaldo de un organismo multilateral que reduce el riesgo para los acreedores.
La estructura de financiamiento con banca internacional, complementada con la cobertura de riesgo aprobada por MIGA por más de $1,193 millones, abre la puerta a una diversificación de fuentes de crédito y a una reducción de los costos de financiamiento, de acuerdo a lo que desribe el decreto.
📌 Detalles del financiamiento
Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF):
- Monto: USD 500 millones
- Plazo: 25 años
- Tasa: Referencia SOFR + margen variable
- Amortización: 46 cuotas semestrales entre 2028 y 2050
Programa Basado en Garantía (PBG) BIRF-Nº G-4660:
- Monto: USD 600 millones
- Incluye comisiones iniciales y de garantía respaldadas por el BIRF.
Estructura de financiamiento con banca internacional:
- Monto: hasta USD 1,400 millones
El decreto faculta al ministro de Economía y Finanzas, a sus viceministros o incluso al embajador de Panamá en Estados Unidos a suscribir los contratos y acuerdos necesarios en nombre del Estado panameño, siempre con el refrendo de la Contraloría General de la República. Además, establece que las propuestas de financiamiento que se reciban de la banca internacional deberán ser evaluadas en función de su conveniencia y costos de estructuración, seleccionando aquellas que resulten más favorables para el país. El Consejo Económico Nacional (CENA) emitió opinión favorable el mismo día de la aprobación, avalando la operación y confirmando que se trata de una medida necesaria para garantizar la ejecución del presupuesto nacional.
Con esta decisión, el Gobierno busca no solo cubriría las necesidades inmediatas del presupuesto de 2026, sino también mejorar la gestión del portafolio de deuda pública, utilizando instrumentos adaptables a las condiciones del mercado y contribuyendo a una asignación más eficiente de los recursos públicos.
